El tribunal consideró probado que el acusado, que trabajó durante años como vigilante de seguridad y a quien se vinculó con entornos de extrema derecha, expresó «cada vez con más ahínco» en redes sociales «una fijación inquebrantable su voluntad de dar fin a la vida del presidente del Gobierno» y que, «por embrionaria que fuera» la fase en la que se encontraba, tenía la «persistencia, fijación y desvelada determinación» de hacerlo. La Fiscalía no discrepa de los hechos probados y el único motivo de su recurso, explican las fuentes, es que considera que la pena mínima por el delito de homicidio en grado de proposición sería 3 años y nueve meses, y no 2 años y medio como le impuso el tribunal. En su sentencia, la sección cuarta recogía los mensajes que Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí (Barcelona), difundió en el grupo de WhatsApp «Terrasa por España» y también en privado a partir de junio de 2018, en los que mostraba su absoluto desacuerdo con la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco.
«Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo se hunda a España. No haría falta guerras»; «No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera (...) Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo», fueron algunos de esos mensajes. Aunque el tribunal admitió que no hubo un plan definitivamente urdido, tramado y menos aún concluido, también subrayó una circunstancia «indicativa de la alta peligrosidad»: el arsenal de armas que se le intervino tanto en su domicilio como en su coche (13 reglamentarias y 7 prohibidas, entre ellas un arma de guerra), sin obviar su afición por el tiro. También destacó que Murillo recabó «de forma reiterada la ayuda que requería en pro de su pertinaz idea criminal».
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