"Este régimen de 2.900 millones de euros permite a España reducir el riesgo de que las industrias con un elevado consumo energético trasladen la producción a lugares con objetivos climáticos menos ambiciosos que los de la UE", declaró en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
La política danesa agregó que ese sistema "promoverá una descarbonización rentable de la economía, en línea con los objetivos del Pacto Verde y que protege la competencia en el mercado único".
Las medidas propuestas por España, y ahora aprobadas por el Ejecutivo comunitario, cubren "parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad (denominados "costes de emisiones indirectas") asumidos entre 2021 y 2030, precisó la Comisión.
El régimen pretende reducir el riesgo de "fuga de carbono", es decir, deslocalizar la producción a países fuera de la UE con políticas medioambientales menos estrictas, señala el Ejecutivo comunitario, que agrega que "la ayuda concedida se limita al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia ni el comercio en la UE".
Además de los citados, afecta a sectores como el plomo, el zinc y el estaño, el refinamiento de petróleo o la producción de metales no ferrosos, entre otros.
"Estos sectores se enfrentan a importantes costes de electricidad y están especialmente expuestos a la competencia internacional", destacó la Comisión al aprobar las ayudas.
La compensación se concederá a las empresas admisibles mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior en el marco del sistema de comercio europeo de emisiones ETS, a lo que se añadirá un pago final que se realizará en 2031.
El sistema ETS, que cubre a unas 11.000 plantas industriales de consumo energético intensivo, consiste en un mercado donde se graban las emisiones de CO2 de las empresas afectadas, lo que encarece el precio de la energía como incentivo para optar por tecnologías que liberen menos gases de efecto invernadero.
El importe máximo de la ayuda será, por lo general, igual al 75 % de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido, aunque en algunos casos, podrá ser más elevado.
Las empresa que quieran optar a la compensación tendrán que seguir determinadas recomendaciones de auditoría energética.
Además, tendrán que cubrir al menos el 30 % de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono (a través de instalaciones de generación de energía renovable in situ o con acuerdos de compra de energía sin emisiones de carbono) o invertir al menos el 50 % del importe de la ayuda en proyectos que aporten "reducciones sustanciales" de las emisiones.
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