Save the Children ha manifestado su preocupación ante los casos de explotación y abuso sexual a menores tutelados centros de protección de distintas comunidades autónomas, que supone «una grave vulneración de derechos», dice que la «prioridad» debe ser la protección de las víctimas y su recuperación, y urge a elaborar protocolos de prevención y detección temprana. «Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección están privados de cuidado parental, una situación extraordinaria con consecuencias emocionales, afectivas y psicológicas que les convierte en un colectivo de especial vulnerabilidad, con un mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos y ser víctimas de violencia, siendo su expresión más extrema la explotación sexual», ha señalado la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo.
En este sentido, ha indicado que «el sistema de protección debe asegurar que los centros son entornos seguros y elaborar protocolos de prevención y detección temprana de estas situaciones como prevé la ley». A su juicio, ante estos casos, es «imprescindible» la puesta en marcha de «procesos internos» así como realizar las «investigaciones de las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad para depurar responsabilidades» y «el acompañamiento individualizado a las víctimas». Si bien, ha insistido en que la clave en la erradicación de cualquier tipo de violencia está en la prevención. Por ello, considera «urgente» que se implementen las medidas previstas por la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, entre ellas la Estrategia que debe desarrollar sus principales aspectos.
En concreto, Perazzo ha explicado que para que la prevención funcione es necesaria la formación de profesionales en prevención y detección de la violencia, protocolos de actuación y notificación, así como mecanismos de denuncia confidenciales y seguros, entre otros. Asimismo, señala que se debe informar a los niños y niñas sobre sus derechos y cómo identificar situaciones de riesgo. La organización recuerda que la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia recoge en su artículo 53 que «todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros» y que ello se logrará a través del establecimiento e implementación de protocolos para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia.
También en su artículo 54 se refiere explícitamente a la necesidad de que estos protocolos incluyan «actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad». Por último, Save the Children plantea la necesidad de «replantear el sistema de acogida en su conjunto». En primer lugar, en aquellos casos donde el interés superior del menor así lo recomiende, la ONG considera que es esencial trabajar con las familias para evitar la separación. En todo caso, si la medida más indicada es la separación, la organización considera «esencial impulsar el acogimiento familiar y reformular la acogida residencial, evolucionando hacia centros más pequeños con un ambiente más cercano a una convivencia familiar».
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Lo que está claro es que el modelo no funciona y es un filón para desalmados sin importar el color político de quien gobierne la comunidad. Si Casado tuviese un mínimo de dignidad...