El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la reunión telemática de la XXV Conferencia de presidentes autonómicos. | Borja Puig de la Bellacasa

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Los presidentes de Galicia, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid, Aragón y Valencia, han respondido este miércoles a las propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que imponer la mascarilla en exteriores y la tercera dosis de la vacuna no son medidas suficientes para frenar la sexta ola del coronavirus, según han asegurado fuentes autonómicas. Tanto Alberto Núñez Feijóo, como Juan Manuel Moreno y Pere Aragonés han planteado durante su intervención en la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy de forma telemática que se cree un fondo covid para hacer frente al gasto en el que están incurriendo las regiones para frenar la pandemia.

Además, los presidentes de Galicia y Andalucía han reclamado una Ley de Pandemias al Gobierno, mientras que Íñigo Urkullu ha reclamado mayor seguridad jurídica que respalde las medidas que adoptan las CCAA. De hecho, ha propuesto volver a limitar los horarios de cierre de la hostelería a las 23:30 horas en el caso de los restaurantes y el aforo al 60 por ciento con un máximo de 10 comensales por mesa. Mientras que el presidente gallego ha propuesto que se extienda la exigencia de test diagnósticos en los aeropuertos y las estaciones de trenes a los viajeros españoles, no solo a los extranjeros y ha planteado la no celebración de cotillones de Navidad o Cabalgatas de Reyes porque asisten niños que aún no están vacunados.

Además, Feijóo se ha mostrado contrario, por ser de «enorme riesgo», a que los contactos estrechos de infectados que estén vacunados con doble dosis no hagan cuarentena. El presidente catalán, por su parte, ha mostrado su preocupación por la interacción que hay entre los territorios. Ayer planteó que se extendiera al resto del país medidas que se han adoptado en Cataluña como el toque de queda.

Por su partes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no comparte la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver al uso obligatorio de la mascarilla al aire libre si se cumple la distancia de seguridad, que cree que debería ser «una recomendación». Ha insistido en que la política contra el Covid-19 tiene que pasar por el autocuidado, las vacunas, los test y los no cierres sin datos científicos. Además, en la cita ha asegurado que el mejor rastreo es el de la vacunación (hoy se han inoculado 68.000 dosis en Madrid), y ha defendido que es necesario «un replanteamiento a los fondos Covid-19 porque Madrid ya ha destinado 2.260 millones, la mayoría a gasto estructural». La presidenta también apuesta por dar alternativas, como los refuerzos telefónicos para las personas que den positivo con test de autodiagnóstico, y por una legislación que aclare, por ejemplo, el concepto de cuarentenas y de aislamientos. «No compartimos las mascarillas al aire libre si hay distancia. Ni los rastreadores militares a estas alturas. Ni los cierres sin datos sanitarios. Sí Ley de Pandemias, fondos Covid, vacunas, test, contratos sanitarios y autocuidado», ha escrito la dirigente regional al concluir su intervención en su cuenta personal de Twitter.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido que se implementen medidas no invasivas para contener la pandemia, se facilite el acceso a los test de antígenos y se acuerden acciones conjuntas ante las fiestas de fin de año. Según han informado fuentes de Presidencia, Ximo Puig ha trasladado a Pedro Sánchez y al resto de presidentes autonómicos que no se pueden tomar las mismas medidas que las de la primera ola, porque la situación es distinta gracias a la vacunación. En ese sentido, ha llamado a implementar medidas propias del 2022. De este modo, ha defendido la aplicación de medidas no invasivas, ha llamado a acelerar la vacunación al máximo de forma masiva y a aumentar y facilitar el acceso a los test por parte de los ciudadanos. Igualmente, ha abogado por pactar acciones conjuntas ante las fiestas de fin de año. Asimismo, Ximo Puig ha pedido la «máxima complicidad social posible» con una sociedad que ha sido responsable y debe continuar siéndolo, al tiempo que ha pedido que se ponga en valor que el esfuerzo de los ciudadanos sí ha tenido resultados y que las vacunas funcionan. Finalmente, ha solicitado al Gobierno central apoyo para poder financiar la respuesta a la pandemia.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este miércoles que no ve necesario el uso de mascarillas en exteriores como medida para luchar contra los contagios de covid-19, cuya obligatoriedad ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el incremento de los contagios en la sexta ola, séptima en Aragón. En su comparecencia en rueda de prensa tras participar en la conferencia de presidentes autonómicos convocada por Sánchez, Lambán ha señalado que su gobierno «lejos de cualquier actitud insumisa, es respetuoso con las decisiones del Gobierno», si bien considera que la utilización de mascarillas en exteriores «no es necesaria» y que es «más atinado» reservarlas para espacios cerrados. «En calles, plazas y al aire libre no existen las posibilidades de contagio sin mascarillas que se producen en aglomeraciones y, sobre todo, en interiores e interiores no ventilados», ha incidido el presidente aragonés, quien aunque ha insistido en que la situación epidemiológica actual «no se parece en nada al año pasado» por la vacunación, existe «preocupación» porque pasadas estas fechas navideñas «el número de contagios crecerá de forma exponencial y también si crecen los contagios lo harán los ingresos» en los hospitales y en las UCI.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha desdeñado la propuesta de volver a obligar al uso de las mascarillas en exteriores. «Es casi como regalar paraguas en mitad de un tsunami». En un mensaje lanzado a través de Twitter, el portavoz de la formación independentista ha lamentado la escasa eficacia que, a su juicio, va a tener esta medida sobre todo, ha dicho, «mientras se recorta en sanidad». «Imponer mascarillas obligatorias en exteriores mientras se recorta en sanidad es casi como regalar paraguas en mitad de un tsunami. El casi es porque las mascarillas no se regalan».

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido duramente contra el «disparate» de imponer la mascarilla obligatoria en exteriores y ha avisado que su formación está dispuesta a llevar a los tribunales esta medida que ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que tilda de «aprendiz de tirano» que «ya sobrepasa todos los límites». «Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites. No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas», ha afirmado el presidente de Vox. Abascal, que ya llevó a la Justicia otras medidas aprobadas por el Gobierno como los estados de alarma, amenaza de nuevo ahora con recurrir a los tribunales si el Gobierno sigue adelante con la mascarilla obligatoria en el exterior. «Responderemos en los tribunales. Mientras tanto, si yo voy por la calle y con distancia suficiente... no me la voy a poner», ha advertido el presidente de Vox. Para expresar su rechazo a las mascarillas en el exterior, Vox ha empezado a difundir en redes sociales el hashtag '#YoNoMeLaPongo', en línea con el mensaje de su jefe de filas rechazando hacerlo si hay distancia suficiente.

Este martes, Vox ya confirmó además su rechazo al pasaporte Covid y animó a los ciudadanos a desprenderse del miedo y levantarse ante una medida que cree que no tiene razón sanitaria y solo busca el «control social» de la población. «Únicamente nos queda desprendernos del miedo, cuando nos quitemos el miedo recuperaremos la dignidad como pueblo», reivindicó en rueda de prensa la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que denunció que el certificado de vacunación en España solo funciona como un «instrumento de control social» que restringe los derechos y libertades de los ciudadanos.