Para ello se unificaron las competencias que hasta ahora se repartían entre Educación (formación inicial) y Trabajo (formación continua). Se quiere facilitar que los adultos se puedan recualificar (reciclarse), certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral. Con este nuevo sistema se pretende que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años.
Un sistema de oferta única por grados de formación
La nueva ley establece los siguientes grados formativos: Grado A: acreditación parcial de competencia; B: certificación de competencia; C: Certificado de Profesionalidad; D: Ciclos Formativos de FP; E: Cursos de Especialización (máster). A partir del nivel C se generalizará la FP dual de modo que los estudiantes tengan una mayor carga práctica en la empresa. Todos aquellos que alcancen un Certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su formación. Habrá dos tipos (general y avanzada) en función de la duración del periodo en la empresa; los resultados de aprendizaje asumidos por la empresa y si hay o no relación contractual. En la primera, la duración oscilará entre un 25 y 35% de la duración de la formación, y en la segunda será de entre un 35 y 50% y habrá contrato.
Conexión con la universidad
La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.
Orientación profesional
La ley contempla el acompañamiento durante la formación o para aquellos que se replanteen su carrera. Habrá unidades de orientación profesional a los que podrá ir cualquier ciudadano. En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias. Todos estarán inscritos en el Registro Estatal de Centros de Formación Profesional.
Las cifras
La ley lleva aparejada una memoria económica que contempla 5.474 millones de euros durante un periodo de cuatro años. De ellos, 1.550 proceden de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE. Solo el 12% de los jóvenes españoles opta por la FP, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea. Asimismo, solo el 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja, mientras que en 2025, el 50% de los trabajos requerirán de técnicos y técnicos superiores, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador, ocupando así el puesto 61 de 100 países.
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