El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), anuncia este lunes en Teruel un acuerdo sobre las pensiones sin alargar el tiempo de cálculo. | Antonio García

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El Gobierno español ha acordado este lunes con los sindicatos socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y comunista Comisiones Obreras (CCOO) un nuevo sistema para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social. El llamado mecanismo de equidad intergeneracional prevé una aportación de 0,6 puntos por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social al fondo de reserva a partir de 2023 y hasta 2032 para sostener el incremento del gasto en las pensiones públicas. El acuerdo -en el que no participan las asociaciones empresariales- supondrá la reactivación del fondo de reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, «mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032 (...) de 0,6 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes», ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El diseño de este mecanismo, que viene a sustituir al derogado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, se incluirá mediante enmienda al proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Esa aportación de 0,6 puntos de la cotización por contingencias comunes se repartirá entre la empresa y el trabajador «con la misma distribución que en las cotizaciones sociales», según la nota. Fuentes de la negociación explican que será a razón de 0,5 puntos la empresa y 0,1 puntos trabajador y que actuará como «válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033, «en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050».

En el caso de que no se diera esa desviación, «no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones». La otra pata del mecanismo actuará si se aprecia en los Informes de Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación pudiendo usarse ese fondo, con un límite de disposición anual del 0,2 % del Producto Interior Bruto (PIB). Si la disposición de activos de este fondo no fuera suficiente, el Gobierno explica que negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo «una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos». La concreción de este mecanismo es uno de los temas pendientes del acuerdo cerrado en julio sobre pensiones y que también debe concretar otros puntos como la equiparación de derechos de pensión viudedad de parejas de hecho con matrimonio o en la cotización de los becarios.

Este mecanismo de equidad intergeneracional está llamado a hacer frente a un incremento futuro del gasto como consecuencia de la jubilación de la generación del «baby boom», los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.