La consulta pretende recabar propuestas para reducir la volatilidad del PVPC y optimizar su diseño con vistas al proceso de transición energética, según informa el Ministerio que dirige Teresa Ribera.
Actualmente, la configuración de esta tarifa, a la que se acogen en torno al 40% de los consumidores, recoge íntegra y rápidamente las oscilaciones que se traducen en el mercado mayorista y las traslada a hogares y pymes, tal y como está ocurriendo ahora.
Además, al margen de la coyuntura actual, esta mayor volatilidad puede acentuarse según avance la transición energética y se sucedan períodos con precios bajos, por un mayor peso de generación renovable, y episodios de precios elevados, por la presencia de centrales con mayores costes variables como los ciclos combinados de gas natural.
El Real Decreto-ley 17/2021 ya establece que se revisará el PVPC al objeto de que incorpore la referencia de precio de las nuevas subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, con un peso máximo del 10%.
Pero el Gobierno quiere ir más allá y acometer una reforma estructural que plantee la posibilidad de modificar la estructura y metodología de cálculo del PVPC para reducir la volatilidad de un bien tan básico para las economías domésticas --sobre todo las vulnerables-- como la electricidad.
De esta forma, invita a responder preguntas relativas a su estructura, la conveniencia de incluir referencias de precios de productos a plazo, la periodicidad más adecuada para su actualización, la necesidad de establecer un régimen transitorio para la nueva configuración o la oportunidad de mantener un PVPC dinámico para aquellos consumidores que así lo deseen.
El PVPC, introducido por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y regulado en el Real Decreto 216/2014, es un precio dinámico totalmente indexado al mercado mayorista de la electricidad que incluye, de forma aditiva, el coste de producción de la energía eléctrica, los peajes de acceso y los cargos y costes de comercialización.
El PVPC solo pueden ofrecerlo las comercializadoras de referencia (COR) designadas por el Gobierno y es la modalidad de contratación de electricidad elegida por 10,7 millones de consumidores, alrededor del 40% de todos los domésticos.
Además, permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social, con descuentos del 25% y el 40%, y tengan acceso a otras protecciones adicionales, como el reciente suministro mínimo vital.
A esta tarifa regulada pueden acogerse los consumidores de electricidad con un punto de suministro con tensión inferior a 1 kV y una potencia contratada menor o igual a 10 kW.
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