Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha señalado que el objetivo es «tener la máxima seguridad jurídica» para poder aplicar esta medida, «como se ha hecho durante todos los meses de la pandemia».
El Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía decidió este lunes exigir el certificado digital COVID o una prueba negativa (PCR o test de antígenos) para acceder al interior de locales de ocio nocturno, algo que en principio iba a ser efectivo a partir de las 00.00 horas de este jueves.
«No entrará en vigor de inmediato, sino cuando nos contesten, que esperamos que sea lo antes posible», ha señalado Bendodo.
El portavoz del Gobierno andaluz ha precisado que hasta ahora todas las decisiones que ha tomado la Junta en relación con la pandemia han estado avaladas por la justicia y que, al tratarse ahora de una medida nueva, han considerado «oportuno» consultar al alto tribunal regional.
Tras añadir que esta decisión permite además «ganar tiempo a los empresarios para adaptarse a las nuevas circunstancias», Bendodo ha recordado que otras comunidades autónomas lo piden para toda la restauración y que en Europa se exige «para entrar en cualquier establecimiento».
«Esto se irá imponiendo poco a poco, porque tiene sentido que todos estemos en todos los sitios con una garantía de seguridad», ha señalado Bendodo, que ha apostado por esperar a la respuesta del TSJA y ha garantizado que la Junta va a mantener el diálogo continuo con el sector.
Ha añadido que es una medida para «ayudar» a estar «cuanto más seguros mejor», aunque en Andalucía «solo el 5 % de las personas ingresadas en hospitales están vacunadas», lo que demuestra, ha añadido, que es una herramienta «absolutamente eficaz».
Bendodo ha avanzado además que la comunidad alcanzará el 70 % de la población diana con las dos dosis de la vacuna «en cuestión de días» y ha dicho que llevar el umbral de la «inmunidad de rebaño» hasta el 90 % no es decisión de la Junta, el Gobierno central o la Unión Europea, puesto que «todos los países del mundo la habían fijado en el 70 %».
«Si ahora se pasa al 90 %, el Gobierno tiene una oportunidad magnífica para aumentar el envío de vacunas», ha reclamado.
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certificado covid es ilegal.