Sánchez reafirma que el Gobierno recurrirá el fondo catalán si no es legal

Así lo ha puesto de manifiesto en una conversación informal con periodistas durante su gira económica en Estados Unidos al ser preguntado sobre este asunto y, en concreto, sobre la última decisión de la Generalitat de usar finalmente el Institut Català de Finances (ICF) para avalar las citadas fianzas.

En su charla con los medios de comunicación, que ha tenido lugar tras la inauguración de la Oficina Económica y Comercial de España de Nueva York, en el edificio Chrysler, Sánchez no ha querido entrar al fondo del asunto, argumentando que todavía el Gobierno no tenía un criterio fijado al respecto.

No obstante, sí ha vuelto a señalar, al igual que ya hizo hace dos semanas en una rueda de prensa durante su gira por los países bálticos, que si el Ejecutivo determina que ese fondo no es legal, lo recurrirá.

Esperará el informe del Consejo de Garantías

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado también este jueves que el Ejecutivo esperará el informe del Consejo de Garantías Estatutarias para «ver el anclaje» del fondo del Govern para pagar las multas del Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat catalana.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rodríguez ha recordado que fue el PSC, por medio de Salvador Illa, quien se encargó de solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto ley del Govern para crear un fondo de 10 millones de euros. Un documento que sirviese, según el propio Illa, para «aclarar si» el fondo «se ajusta a la legalidad».

En este contexto, la ministra portavoz ha señalado además que el Estado también cuenta con «mecanismos de control» para este tipo de normativas impulsadas por las comunidades autónomas. «Está en estudios por parte de los servicios jurídicos, el debate no es pacífico y bueno, vamos a esperar cómo se pronuncia este Consejo de Garantías», ha añadido.

En cualquier caso, Rodríguez ha dejado claro que hay que «atenerse al cumplimiento estricto de la ley». «El Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías, está haciendo su trabajo con las responsabilidades contables. Si existen dudas, lo que hay que hacer es articular los mecanismos de legalidad oportunos», ha apostillado.