El Gobierno planea eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF

La medida, que pretende fomentar la incorporación de las mujeres al trabajo, viene recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, según informa El País y se adoptará mediante el establecimiento de un régimen transitorio.

Beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende, según los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a unos 1.000 millones de euros al año.

"Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de la renta (principalmente mujeres)", indica el documento.

Según defiende el Plan, en un análisis de aspectos de igualdad de género, "un sistema tributario moderno no debe servir exclusivamente para procurar unos ingresos que financien el gasto público, sino que debe contribuir directamente a potenciar el impacto de las políticas públicas, sirviendo de catalizador para lograr transformaciones en ámbitos como la igualdad de género, la atención a la discapacidad, la conservación del medioambiente o la protección a la salud". "Hay bastante consenso en que esta medida desincentiva la entrada de la mujer en el mercado laboral", indica el Ministerio de Hacienda.

Actualmente, la reducción por tributación conjunta del IRPF depende de la modalidad de unidad familiar de que se trate.

En el caso de declaraciones conjuntas de unidades familiares integradas por ambos cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores que convivan, así como los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, la base imponible se reducirá en 3.400 euros anuales.

En declaraciones conjuntas de unidades familiares monoparentales, es decir, las formadas, en los casos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, por el padre o la madre y todos los hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada que convivan con uno u otra, la base imponible se reducirá en 2.150 euros anuales.

En este caso, no se aplicará esta reducción cuando el contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forman parte de su unidad familiar. Y la reducción que proceda de las comentadas se aplicará, en primer lugar, a la base imponible general, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración. El remanente, si lo hubiere, minorará la base imponible del ahorro, que tampoco podrá resultar negativa.

La Autoridad Fiscal (Airef) elaboró el año pasado un informe sobre los beneficios fiscales del sistema tributario español en el que precisamente repasaba las ventajas e inconvenientes de esta reducción en el IRPF. Y calcula que el coste para las arcas públicas de esta iniciativa asciende a 2.293 millones, y los beneficiarios son 4,2 millones de personas, 2,1 millones de hogares, el 18% de los contribuyentes y el 17% de las familias. El organismo sostiene que el beneficio fiscal se reparte de manera homogénea y no altera la desigualdad.

La Agencia Tributaria prevé recibir en la campaña de la renta de 2020 casi 3,5 millones de declaraciones conjuntas, un 7,1% menos, una tendencia a la baja que se mantiene desde hace años ya que esta reducción se aplica principalmente en caso de que uno de los cónyuges no trabaje.

También con el objetivo de avanzar en igualdad, el Plan señala que la futura reforma de pensiones "revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización", es decir, de los periodos en los que no se haya trabajado, "para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas".

Esta fragmentación de las carreras laborales, que acaba afectando al cálculo de la pensión, está muy asociada a la temporalidad, añade, lo que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.

Entre las medidas en materia laboral previstas en el Plan de Recuperación figura una simplificación de las modalidades de contratación, una regulación adecuada de los contratos de formación, la promoción de los contratos fijos-discontinuos para actividades estacionales o la penalización de la excesiva utilización de contratos de muy corta duración.

También prevé un Plan 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes y programas de formación en proyectos de interés público y social, de primera experiencia profesional en las administraciones públicas o de investigación.