El Gobierno plantea la prórroga automática de todos los ERTE

No hay ninguna reunión de la mesa de negociación programada en el horizonte, ya que el acuerdo sólo está pendiente de que sindicatos y empresarios comuniquen su decisión, lo que podría producirse en las próximas horas.

Así, CCOO reunirá este martes a su Comisión Ejecutiva a las 9.00 horas para valorar la última propuesta del Gobierno, según han informado este lunes a fuentes del sindicato. Cepyme, por su parte, ha convocado a su Ejecutiva este martes por la tarde, según ha confirmado la patronal de la pyme, mientras que CEOE también tiene previsto reunir a sus órganos de gobierno también el martes.

En el caso de UGT, el sindicato ya informó a su Ejecutiva la semana pasada del contenido de la prórroga, que no conllevará cambios de calado respecto a la regulación actual, aunque sí prevé agilizar la tramitación de estos procedimientos, según avanzó la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días.

En concreto, la última propuesta del Gobierno plantea la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas, lo que ahorrará costes de gestión y burocráticos, según fuentes del diálogo social.

Al mismo tiempo, introduce un mecanismo automático de cambio entre los llamados ERTE de impedimento y de limitación para que se pueda transitar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa.

Por lo demás, el planteamiento del Gobierno es renovar en bloque todos lo mecanismos actuales de protección de trabajadores y empresas, si bien no se descarta que se sumen nuevos sectores a la categoría de 'ultraprotegidos', según las mismas fuentes.

Con el visto bueno de las organizaciones sindicales y empresariales a la última propuesta del Gobierno se cerraría así una negociación que, esta vez, no ha llegado al punto límite gracias a que en la prórroga anterior, que finaliza el 31 de enero, se abordaron ya diversas situaciones por las que podrían atravesar las empresas, como limitaciones temporales e impedimentos de actividad derivadas de las medidas restrictivas adoptadas por las comunidades autónomas para luchar contra el Covid.

Aunque se esperaba que el acuerdo estuviera ya cerrado la semana pasada, algunos «escollos» de última hora lo han dificultado, entre ellos la demanda de la patronal de que el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses se modificara para que no se tuvieran que devolver todas las ayudas recibidas en caso de despedir a algún trabajador que esté en un ERTE.

Sin embargo, dicha petición ha caído en saco rato, pues ni el Gobierno ni los sindicatos han aceptado flexibilizar el compromiso de mantenimiento del empleo, alegando que los recursos públicos que sostienen los ERTE no pueden servir para respaldar el despido de trabajadores.