a prórroga aprobada este martes en el Consejo de Ministros supone una ampliación del periodo de vigencia del SMI de 2020, con el objetivo de dar margen a las negociaciones mientras se preserva la seguridad jurídica a los trabajadores afectados, que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre.
Esta prórroga no supone una congelación y ya ha sido utilizada en siete ocasiones más (1982, 1983, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993), en las que la subida del SMI se produjo una vez empezado el año, en tanto que en los años 1980 y 1981 se fijó directamente en el mes de junio.
Sin ir más lejos, el año pasado por estas fechas, con el Gobierno socialista todavía en funciones, ya se acordó la prórroga de la vigencia del SMI de 2019 hasta que se alcanzara un acuerdo en el marco del diálogo social que permitiera fijar el de 2020.
El pacto para la subida del SMI del 5,5 % en 2020 se firmó el 30 de enero y el real decreto se aprobó en el primer Consejo de Ministros de febrero con efecto retroactivo del 1 de enero.
El SMI, que afecta a unos dos millones de trabajadores, se ha incrementado un 50 % en la última década, pasando de los 633,3 euros de 2010 hasta los 950 de 2020.
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