La eutanasia se abre camino en España con un amplio respaldo en el Congreso

Antes de la votación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha dirigido al Congreso, para agradecer la aprobación de una norma que, a su juicio, es un avance hacia «una sociedad más humana y más justa». Para Illa, esta medida demuestra que España es «una democracia moderna» y «lo suficientemente madura» como para afrontar esta cuestión.

Además, ha agradecido la labor en estos años de las organizaciones de la sociedad civil luchando por esta regulación, a quienes han aportado enmiendas a la norma y, especialmente al PSOE, grupo proponente de la ley, y a la impulsora de la misma, la exministra de Sanidad socialista María Luis Carcedo «por la convicción con la que la ha defendido».

En su intervención en este debate, Carcedo ha defendido el contenido de la ley que, según ha explicado, «piensa en la condición humana», regula «las condiciones y procedimientos por los que se puede acceder a esta solicitud de ayuda a morir», tal y como «recomienda el Tribunal de Estrasburgo»; «despenaliza» su práctica y la incluye en la cartera común del Sistema Nacional de Salud.

Legislar «más allá del código ético» personal

Carcedo ha defendido el «avance» en «libertad» que supone esta medida y ha reprochado que «la derecha siempre se enzarce» en batallas apocalípticas» durante la tramitación y, «pasado un tiempo asuma» estos avances y «pasado otro tiempo los practique».

La portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, también se ha dirigido a PP y Vox para reprocharles que «nieguen a quienes no tienen dinero» o «no piensen como ellos» el derecho al uso de su «libertad personal». De hecho, Medel cree que a ambas formaciones «no les importa la libertad personal» y quieren «imponer» al resto de españoles «cómo deben morir».

El representante del PNV, Joseba Agirretxea, también ha optado por dirigirse a los partidos que se han mostrado contrarios a esta norma, para recordarles que, como diputados, tienen la obligación de «legislar más allá del código ético de cada uno» y «dar cobertura legal» a quien no tenga los mismos conceptos «de la sobre vida o muerte» que ellos.

De forma similar lo ha expresado el representante de Junts, Sergi Miquel, quien ha recordado que durante la tramitación del texto PP y Vox han hablado mucho de «moral y de fe», dos cuestiones que, en su opinión, no se han de «imponer» y, menos, «en una democracia, en una sociedad avanzada y en un estado aconfesional».

Apoyo, pero a un texto insuficiente

El portavoz de Más País-Equo, Iñigo Errejón, ha coincidido con Carcedo en reprochar a la derecha que siga siempre un «ciclo» en la tramitación de derechos: primero «lo rechazan», luego «lo usan» y después «acaban aceptándolo». Esto es lo hicieron, explicó, con «el sufragio universal, la jornada laboral de ocho horas, la ley del divorcio o el matrimonio igualitario».

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha dirigido a la bancada de PP y Vox para defender una ley que, a su juicio, ha sido un trabajo «responsable» y «sensato» y ha indicado que se trata de «un modelo garantista». «Hoy nadie pierde derechos y avanzamos un poco más en nuestra libertad individual», ha declarado, antes de pedir a la derecha «respeto» para quienes sí apoyan esta medida.

Mientras, formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o CUP, aunque han mostrado su apoyo a la norma sí han reconocido que es «insuficiente» y, por ello, han mantenido vivas en este debate varias enmiendas que, finalmente, no se han aprobado. Estas formaciones han hablado, por ejemplo, de extender el derecho a menores de 16 años, considerar las enfermedades mentales o el cansancio vital para pedir el suicidio asistido, la despenalización completa de esta práctica, o la simplificación de los mecanismos de verificación, entre otras.

Críticas de PP y Vox

Frente a estos argumento, PP y Vox se han mostrado muy críticos en sus discursos. El representante de los 'populares', Ignacio Echániz, ha acusado al PSOE de aprobar esta norma «al final del último día, del último Pleno ordinario» y a través del procedimiento de proposición de ley, «sin informes técnicos ni jurídicos», «sin audiencia pública», «sin estdudios demoscópicos recientes» o «sin permitir las comparecencias de expertos» entre otros, porque es «injusta, inoportuna e incontitucional».

A su juicio, el Gobierno ha aprobado esta ley «frívola» de forma «atropellada y chapucera» en lugar de optar por la «alternativa» de los cuidados paliativos que, según ha señalado, es «encaja en el sentir mayoritario de los españoles» y en la que coinciden organismos y asociaciones internacionales, judiciales y del ámbito sanitario. Echániz ha lamentado esta «derrota» y «fracaso» del «sistema sanitario» y de la «sociedad».

Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Monasterio, ha lamentado que esta después de esta «traición despiadada, inhumana e ilegítima», los partidos a favor lo celebren «al tiempo que firman sentencias de muerte a los más débiles». A su juicio, se esta «quebrantando el derecho a la vida» con esta norma y cree que el Estado prefiere esta decisión porque es «más fácil, más cómodo y económico».

En este sentido, ha acusado a quienes han subido a la tribuna del Congreso a «hacer teatro de manera hipócrita y necia, usando la libertad y la compasión para legalizar el horror vivido en las residencias» y «ahorrarse el ingreso» en las mismas «de las personas mayores». «Recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional», ha advertido.