El Mundo publica este lunes que Pablo Casado, presidente del PP, ha contratado a Rivera para elaborar ese recurso contra la norma que aprobó el pasado 9 de septiembre el Parlamento de Cataluña.
Esa ley obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con «tensión» residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores «vulnerables», y considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.
Votaron a favor JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que impulsaron la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat, mientras que el PSC-Units y PPC lo hicieron en contra, al creer que es una ley «electoralista» e «inconstitucional», pues un organismo consultivo catalán advirtió que contiene varios artículos que vulneran competencias estatales.
El recurso aún no se ha presentado, ya que hay de plazo hasta finales de noviembre.
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