La Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo ha solicitado este jueves a la Fiscalía de este órgano que informe si procede abrir causa al vicepresidente Segundo del Supremo, Pablo Iglesias, y a otras personas por tres delitos relacionados con la pieza Dina en el marco del conocido como 'caso Villarejo', han informado fuentes jurídicas.
En una providencia de este jueves, la Sala Segunda del Tribunal Supremo señala que han recibido la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón, y ahora pide a la Fiscalía que informe sobre su competencia y sobre si existen indicios para comenzar a investigar a los aforados.
Asimismo, se designa ponente, sobre la apertura o no de la causa, al magistrado Andrés Palomo del Arco. Esta Sala de Admisión está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres.
Coincide que cuatro de estos magistrados juzgaron el proceso independentista de Cataluña, y otro fue el instructor de la causa contra la portavoz en el Congreso de JxCAT, Laura Borrás. Ahora decidirán si investigan al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en relación al robo de la tarjeta del teléfono móvil de la que fuera su asesora Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía. LA
Este movimiento de la Sala del Supremo se produce 24 horas después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordara elevar una exposición razonada para solicitar que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la 'pieza Dina'.
La exposición razonada incluye también a la exdirectora de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo y a los letrados de esta formación Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia ex asesora Dina Bousselham y a quien fuera pareja de ésta Ricardo Sa Ferreira, estos dos últimos por falso testimonio.
En caso de que el Supremo acepte finalmente abrir una causa para investigar la implicación de Iglesias, le ofrecerá la posibilidad de declarar voluntariamente, tal y como marca la ley para todo los aforados. Si Iglesias rechazara tal posibilidad, el magistrado al que se le designe la instrucción podrá proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal que curse el suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder interrogarle formalmente.
El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, éste se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. «Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», afirma el magistrado.
Asimismo, indicaba en el escrito que en julio de 2016 un medio de comunicación publicó durante varios días noticias acompañadas de las imágenes procedentes del dispositivo de Bousselham y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El juez subraya que Iglesias en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.
En este sentido, afirma que con la única finalidad de desprestigiar a ese medio de comunicación, y a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, instó a «los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de simular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015».
De este modo, el magistrado relataba que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos» y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
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