La Fiscalía dictará una instrucción para actuar contra los okupas

Delgado se ha referido así en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey Felipe VI en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, aunque con un aforo de tan solo el 30 % por las restricciones acordadas en la lucha contra la covid-19.

En su discurso, Delgado ha anunciado que «en los próximos días» va a dictar una instrucción que aborde el tratamiento de las «ocupaciones de morada» por parte de todos los fiscales.

Con ello, la Fiscalía pretende unificar criterios de actuación porque entiende que este «fenómeno delictivo» requiere de «una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía».

La okupación es un fenómeno en auge. Según datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso Efe, los «hechos conocidos» de ocupación ilegal (solo los denunciados), han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. Y en el primer semestre de 2020 van 7.540.

Se da en casas vacías e inhabitadas de particulares y de bancos, y no constituye un delito de allanamiento -cuando entran en un hogar o segunda residencia y conlleva una inmediata expulsión- sino una usurpación, un delito leve que se castiga con una simple multa y que implica que el desalojo puede producirse en meses o años.
También ha insistido en la necesidad de reformar los mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores y con discapacidad ingresadas en centros y residencias, una cuestión que preocupa en la Fiscalía pero más aun cuando «los acontecimientos últimos lo han convertido en asuntos de enorme actualidad y cuya solución deviene inaplazable».

Ello conlleva, ha continuado, la adaptación de las instituciones de apoyo a la capacidad, el régimen de tratamiento ambulatorio forzoso y el derecho de las personas con discapacidad a relacionarse con sus parientes y allegados.

Delgado ha expuesto en el acto un resumen de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2019 que se presenta este lunes, en la que se desgranan las estadísticas y recomendaciones del Ministerio Público sobre todos los asuntos judiciales.
Así, ha destacado un incremento de un 12 % de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en las que las víctimas son menores de edad, mientras que la cifra se estabiliza en los mayores.

En materia de violencia machista, ha subrayado el «repunte» en la mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, 59 frente a las 51 del año pasado, de las cuales solo 15 habían denunciado previamente, así como un incremento de los asesinatos de menores.
La trata de seres humanos también preocupa a Delgado, ya que este año se han localizado a 830 víctimas, un 3 % más que el año anterior, de las que el 98,27 % son mujeres explotadas sexualmente.

Al respecto, ha dicho que «la persecución del proxenetismo en todas sus manifestaciones se revela una necesidad vinculada no solo con la necesidad de salvaguardar los derechos más elementales de la mujer sino también para impedir formas encubiertas de explotación criminal».

La lucha contra la corrupción política continúa siendo otro de los objetivos prioritarios, ha aseverado la fiscal general, que ha mencionado las llamadas «crisis bancarias» porque «continúan consumiendo importantes recursos de la Fiscalía especial».
Según Delgado, «la respuesta penal a este grave fenómeno criminal exige de una exigente formación especializada y del esfuerzo constante» de los fiscales, que deben enfrentarse a «procedimientos técnicamente muy complejos y, a menudo, extraordinariamente voluminosos».