En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha señalado que corresponde a la autoridad judicial investigar si ese hackeo se ha producido y en qué circunstancias y ha recordado que cualquier intervención de un móvil en España requiere previa autorización judicial.
Ha respondido así al ser preguntada por la investigación realizada por El País y The Guardian, que indica que el móvil de Torrent fue atacado con en 2019 con Pegasus, un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo.
En una declaración institucional, Torrent, ha afirmado que ese espionaje es «impropio de un estado democrático», ha anunciado que emprenderá acciones legales y ha exigido al Gobierno español que «se investigue y se depuren responsabilidades».
La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que se ha enterado del caso poco antes de entrar a la rueda de prensa y ha insistido en que, ante la sustracción de un móvil o la sospecha de un hackeo, hay que presentar la correspondiente denuncia para que se investigue, como hacen todos los ciudadanos.
Al margen de esa precisión, Montero se ha limitado a mostrar su respeto a las actuaciones que puedan realizar las fuerzas de seguridad o la autoridad judicial.
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