En estos momentos, los Presupuestos en vigor son las cuentas prorrogadas de 2018, que fueron elaboradas y presentadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y finalmente defendidas en la última parte de su tramitación parlamentaria por el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.
De cara a la elaboración de un proyecto presupuestario para 2020, el primer paso es la aprobación en Consejo de Ministros de los objetivos de déficit y deuda, así como el techo de gasto para el próximo ejercicio, previo paso por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El proyecto presupuestario de 2019 preveía elevar un 4,4 % el techo de gasto, hasta los 125.064 millones de euros, al tiempo que se flexibilizaban los objetivos de déficit público para 2019 (1,8 % del PIB), 2020 (1,1 % del PIB) y 2021 (0,4 % del PIB), algo que finalmente no fue posible por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
Los últimos objetivos de estabilidad aprobados -con el Gobierno del PP- preveían un déficit del 1,3 % del PIB en 2019, el 0,5 % del PIB en 2020 y un superávit del 0,1 % del PIB en 2021, si bien el Ejecutivo socialista ha comunicado a la Comisión Europea que sus metas son un déficit del 2 % del PIB en 2019, el 1,1 % del PIB en 2020 y el 0,4 % del PIB en 2021.
Tras ser aprobados por el Gobierno, los objetivos de estabilidad tienen que debatirse y votarse para su aprobación en el Congreso de los Diputados y el Senado antes de final de julio, mientras que el límite de gasto no financiero o techo de gasto solo se informa.
Una vez superado este trámite, la ministra de Hacienda tendrá que elaborar el proyecto presupuestario, que tendrá que presentar en el Congreso antes de final de septiembre y que previsiblemente tendrá como base el texto rechazado de 2019.
Algunas de las medidas de gasto de ese proyecto ya fueron aprobadas para 2019, como la subida de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, pero no las de ingresos, entre las que figuraban nuevos impuestos para las transacciones financieras y determinados servicios digitales o limitar las deducciones del impuesto de sociedades.
A esto se une ahora medidas pactadas con Unidas Podemos como la subida del IRPF para rentas altas o el establecimiento de un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas.
Junto a la aprobación de los Presupuestos, Hacienda tiene el reto de avanzar en la corrección del déficit estructural, que es una de las cuestiones que vigila la Comisión Europea desde que España abandonó el procedimiento de déficit excesivo (PDE).
A esto se añade la reforma del sistema de financiación autonómica y local, emprendida tras las conferencia de presidentes celebrada en enero de 2017 y que debía estar en vigor en 2018.
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