La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, tiene en el horizonte el desafío de la transversalidad, que pretende atajar la crisis climática de forma transversal con la adopción de políticas «verdes» que involucren al mayor número de ministerios, un compromiso que quedó patente en la reciente cumbre del clima (COP25), que se celebró en diciembre en Madrid.
El reconocimiento profesional de Teresa Ribera, elevada a una de las cuatro vicepresidencias del nuevo Ejecutivo, demuestra el compromiso político de Pedro Sánchez de plantar cara a la crisis climática desde las máximas instancias.
Otro desafío es el de la Ley de Cambio Climático. Entre las promesas del Gobierno está la aprobación urgente de una ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuando se cumple casi un año desde que el Consejo de Ministros diera por bueno su anteproyecto.
Así lo reconoció Pedro Sánchez en su debate de investidura, donde se comprometió también a impulsar el desarrollo del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Transición Justa.
La reciente COP25 confirmó la relevancia de poner freno a una emergencia climática con evidencias científicas y como principal demanda de una sociedad que movilizó en las calles a jóvenes y activistas de todo el mundo.
Además, la creación de una vicepresidencia era una petición histórica de las organizaciones medioambientales, que han acogido con gran satisfacción la medida anunciada por el Gobierno.
El nuevo Gobierno también situará en primera línea el compromiso con la protección de la biodiversidad mediante la ampliación de la red de espacios protegidos, con una financiación adecuada que garantice las políticas de defensa de la biodiversidad y gestión de estos espacios.
Garantizará un trato digno a los animales mediante el impulso de una Ley de Bienestar Animal, exigencia cada vez más clamorosa de la sociedad, según argumentó Pedro Sánchez.
Asimismo, garantizará la calidad del aire en las ciudades, con el compromiso de impulsar pactos que permitan delimitar zonas de bajas emisiones en poblaciones de mas de 50.000 habitantes.
Y la gestión del agua será también capital, con la elaboración de un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua que consagre a este recurso como un derecho humano y no como un bien mercantil.
El Ejecutivo propiciará una Estrategia de Economía Circular para alcanzar el residuo cero en el horizonte de 2050 e impulsará la aprobación de una Ley de Plásticos de un solo uso, con la mirada en sectores clave, como la construcción, agroalimentación, turismo, envases, embalajes, textil, fabricación eléctrica y electrónica.
También elaborará una Ley de Movilidad Sostenible, promoverá la financiación del transporte público, pondrá en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico e impulsará el Plan de cercanías 2019-2025, entre otras medidas en este ámbito.
Los planes de limitar los vehículos más contaminantes, el cierre de las centrales nucleares con fecha límite en 2035 y los trasvases de agua entre cuencas seguirán siendo, previsiblemente, los asuntos «verdes» más polémicos durante la próxima legislatura.
El Gobierno de Sánchez creará el Instituto de Transición Justa, como evolución del Instituto de las Cuencas Mineras y con el desarrollo de planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y nucleares con calendario conocido.
Deberá también elaborar normas legales para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción de costes que suponen las renovables se traslade al precio de la electricidad.
En la actualidad, la demanda se cubre primero con las tecnologías más baratas y después se incorporan progresivamente otras más caras, pero al final todas cobran el precio de la última que haya entrado, que es el más alto, incluidas las que tienen menor coste en la generación, como la hidráulica y otras renovables.
La modificación de la factura eléctrica es otro de los objetivos que se han marcado los socios de Gobierno, reduciendo el término de potencia (aquel que se paga por la potencia contratada y no por consumo), para que el coste por los primeros kilovatios hora sea inferior a los siguientes e incentive la eficiencia energética.
Otros de los retos será reformar el bono social eléctrico para crear uno general que incluya el bono gasista, así como modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas de renovables para que puedan participar entidades locales, ciudadanas o cooperativas.
La regulación del autoconsumo, para el que ya se aprobó un real decreto-ley durante el último Gobierno socialista, será otra de las tareas de Teresa Ribera, que seguirá trabajando para reparar a los pequeños inversores perjudicados por el recorte a las renovables.
Revertir la situación de las zonas de la geografía española que se han ido vaciando por falta de oportunidades es otro de los retos del Gobierno desde la vicepresidencia de Teresa Ribera, para lo que ha anunciado una estrategia de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.
En al menos una veintena de comarcas rurales, donde se requiere una intervención urgente, se crearán oficinas de despoblación para apoyar a las personas o empresas que se quieran instalar en la zona.
Además, Ribera tendrá que dar respuesta a las reclamaciones de las entidades de la llamada España vaciada que exigen actuaciones concretas y demandan un Pacto de Estado por la repoblación.
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