Aunque la gestión con Cataluña la llevará directamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la vicepresidenta Carmen Calvo, según dejó claro este domingo el jefe del Ejecutivo tras anunciar la composición de su Gabinete, Darias deberá activar las distintas comisiones que el Gobierno tiene con Cataluña.
Tendrá también que convocar la Conferencia de presidentes, anunciada por Sánchez en diciembre en su ronda telefónica con los presidentes autonómicos de cara a su investidura y cuando buscaba la abstención de ERC.
La última Conferencia de presidentes se celebró en enero de 2017 en el Senado y es un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades para debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos relevantes para ellas.
El Ministerio de Política Territorial es un departamento transversal, ya que muchas de sus decisiones tienen que ser consensuadas con otros ministerios, como en el caso de la reforma de la financiación autonómica o con el traspaso de competencias.
La financiación autonómica está pendiente de renovarse desde 2014 y, aunque suele llevar la voz cantante el Ministerio de Hacienda, Política Territorial también está presente en las negociaciones con las comunidades autónomas.
La cuestión territorial será uno de los ejes prioritarios de la legislatura, según puso de manifiesto ayer Sánchez en su comparecencia en la Moncloa.
A ese compromiso se suma que algunos de los diputados que respaldaron su investidura, como los del PNV, Compromis, Teruel Existe o el BNG lo hicieron a cambio de acabar con la infrafinanciación de sus territorios, nuevos servicios o inversiones en infraestructuras.
En el debate de investidura, Sánchez se refirió a la necesidad de diseñar esa nueva financiación autonómica «que hay que abordar sin dilación», para lo que reconoció que necesita a la «bancada conservadora». Y admitió que es imprescindible clarificar el marco competencial entre el Gobierno y las comunidades.
Así, se comprometió con el PNV a transferir las competencias pendientes al País Vasco y el tráfico a Navarra, mientras que con ERC ha acordado impulsar una Mesa de diálogo entre Gobiernos para resolver «el conflicto político» sin hacer mención a nuevas transferencias.
La posición de las comunidades respecto a un nuevo modelo de financiación no es unitaria aunque todas coinciden en que el actual se ha quedado caduco. Mientras unas quieren que haya un plus por población envejecida, otras apuestan por la insularidad, la lejanía, el reconocimiento de toda la población o por remediar la infrafinanciación de servicios.
El sistema entró en vigor en 2010 por un período de cuatro años, por lo que su reforma lleva años de retraso y, aunque en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy dio un impulso y encargó un informe a una comisión de expertos, la situación política, los casos de corrupción, la falta de Gobierno en Cataluña y la moción de censura que ganó Sánchez dilataron los plazos e hicieron inviable el acuerdo.
Además de la Política Territorial, Carolina Darias es también responsable de la Función Pública. La subida del salario de los funcionarios está pendiente desde el pasado día 1 y es una cuestión recogida en un acuerdo entre los sindicatos y el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que preveía incrementos anuales hasta 2020, concretamente, del 2 por ciento para este año.
Darías deberá también abordar el envejecimiento de la plantilla de empleados públicos y la reducción de la jornada laboral.
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