Al caer el proyecto presupuestario, quedan en el aire las distintas modificaciones tributarias con las que el Gobierno buscaba aumentar un 9,5 % la recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, y que ahora el Gobierno tendrá que decidir si aprueba a través de decretos ley.
En el Impuesto de Sociedades, los Presupuestos contenían un tipo mínimo del 15 % sobre la base imponible para grandes empresas (del 18 % para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23 %, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.
En el IRPF, el Gobierno establecía una subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.
También se incluía la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro. Por contra, se rebajaba el IVA en varios productos, como los de higiene femenina (del 10 % al superreducido del 4 %) o a las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas (del 21 % al 4 %). El IVA a los servicios veterinarios pasaba del 21 % al 10 %.
Únicamente siguen su tramitación los dos impuestos de nueva creación, el impuesto de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda ante el Congreso.
Una de las partidas que había experimentado un aumento más significativo era la dedicada a la dependencia, que experimentaba en las cuentas una subida del 58,3 %, al subir en 831 millones de euros hasta su mayor dotación en el sistema, con 2.231 millones.
Los Presupuestos recuperaban además la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas en una partida a la que las cuentas dedicaban 315 millones de euros.
Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.
Por otra parte, las cuentas contemplaban un aumento del 10,2 % para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a las comunidades autónomas.
También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en su gasto en escuelas infantiles, considerando las escuelas infantiles de 0 a 3 años como una inversión financieramente sostenible. Por otro lado, se dotaba de 100 millones de euros la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, duplicando su cuantía respecto a 2018.
Respecto a vivienda, el Presupuesto tumbado por el Congreso dedicaba un 41 % más que el del año pasado, dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.
Asimismo, se presupuestaban 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil en proyectos para mejorar la situación de familias en situación de vulnerabilidad y se dotaban 30 millones de euros para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.
En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno había esbozado un aumento de las inversiones en infraestructuras de un 18 % más que en las cuentas de 2018, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. De todas ellas, la alta velocidad se 'comía' uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.
Otra de las partidas que se quedarán por ahora sin ver la luz es la relativa a la inversión real territorializada, que en el proyecto presupuestario contempla un alza del 20 %, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Cataluña (+52 %), Andalucía (+44 %) y Comunidad Valenciana (+61 %), frente a las regiones más castigadas: La Rioja (-39 %), Galicia (19 %) o Comunidad de Madrid (congelada).
Respecto al Ministerio de Justicia, las cuentas de Sánchez proyectaban un aumento del 5 % respecto a los últimos Presupuestos de Rajoy, elevando su cuantía hasta los 1.869 millones de euros, 15 millones de los cuales se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Asimismo, las partidas presupuestadas financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.
Las estimaciones que maneja el Gobierno, tras no aprobar los Presupuestos, es que el déficit se eleve al 2,2 % o al 2,4 % del PIB, frente al 1,3 % comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente. Asimismo, el Ejecutivo calcula que se perderá además una renta de 4.174 euros por ciudadano en forma de prestaciones y servicios públicos.
No obstante, el Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley, como el aumento del 22,3 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6 % de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3 % de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.
Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25 %, cifra a la que podrá sumarse un 0,25 % ligado a la evolución del PIB y otro 0,25 % procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75 %.
Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25 % de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que el tipo de cotización ha pasado a ser del 30 %, aunque se incluían mejoras para el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.
También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas.
2 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
... o sea, que Podemos, la verdadera izquierda, logra después de mucho presionar al gobierno de la izquierda light para negociar unos presupuestos de marcado tinte social, para revertir en parte los recortes abusivos de la derechona corrupta... y al final se quedará todo en nada por culpa del chantaje del tripartito de la ultraderecha... ya veo
A la extrema derecha que tenemos todo esto les importa un cuerno pertenecen a las capas priveligiadas y lo suyo son los recortes a los mas humildes y lo que se puedan llevar a la saca con sus chanchullos de corrupción,una verdadera pena lo vamos a pagar.