La causa penal que se sustanciará durante los próximos meses en el Supremo sienta en el banquillo a un total de 12 exmandatarios independentistas, una cifra muy inferior a los 25 que fueron procesados el pasado 23 de marzo por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
De entre los que han quedado fuera están los siete huidos de la justicia española, encabezados por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Pese a ser procesado, Puigdemont quedó fuera del juicio que comenzará a sustanciarse ahora en el alto Tribunal a mediados del pasado mes de julio, cuando Llarena rechazó extraditarle desde Alemania, país en el que había sido detenido el 26 de marzo cuando circulaba por el norte del país, muy cerca de la frontera con Dinamarca.
La decisión de Llarena respondía a la negativa de la justicia alemana a entregar al exmandatario por el delito de rebelión, cuestionado por el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein. Este órgano únicamente aceptó una extradición por el delito de malversación de fondos públicos, lo que de aceptarse hubiera impedido sentar a Puigdemont en el banquillo para responder por el más grave de los delitos que se le imputan junto con el resto de los miembros de su exgobierno, quienes sí han sido encausados por ello.
Así, Llarena dejó sin efecto la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y la internacional que había sido emitida contra Puigdemont además de otros exconsejeros que se fugaron junto al expresident: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí. También se dejó sin efecto la orden respecto de la secretaria general del ERC, Marta Rovira.
Se mantiene vigente la orden de detención nacional que conllevaría su arresto en territorio español y el posterior proceso contra ellos, que llevará con casi toda probabilidad a un 'segundo' juicio del 'procés'.
En el momento del procesamiento -es decir, el del fin de la instrucción que realizó el juez Llarena- fueron eximidos de responsabilidad penal por el 'procés' independentista el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exdirigente de PDeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras, quienes habían sido inicialmente imputados y declararon como tales ante el instructor.
Finalmente, el pasado mes de diciembre la lista de encausados para el primer juicio por los acontecimientos del denominado 'procés' independentista se redujo aún más, y en esta ocasión fue el tribunal enjuiciador el que, a la hora de confirmar el procesamiento realizado por LLarena optó por escindir la causa y remitir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo referido a un total de seis encausados sobre los que únicamente pesa el delito de desobediencia.
De este modo se levantó del banquillo en el Supremo a la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, para quienes se celebrará un juicio aparte en Cataluña.
Tras todas estas decisiones en el banquillo del Supremo quedan finalmente doce exmandatarios, acusados todos ellos de rebelión y malversación de fondos públicos o que sumaban a este último delito el de desobediencia.
Se trata del exvicepresidente Oriol Junqueras, los responsables de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural -Jordi Sánchez y JOrdi Cuixart, respectivamente-; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa -todos ellos cumpliento prisión preventiva- y los también exmiembros del Ejecutivo autonómico aunque en libertad Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás.
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