La norma, que amplió hasta los cinco años la duración mínima de los contratos, ha recabado el apoyo del PSOE, PDeCAT, PNV, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, pero esos votos no han sido suficientes para su convalidación.
Es el primer decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que resulta derogado, todo ello a menos de un mes de que se debatan y voten los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Desde la Constitución, el Congreso ha tumbado cuatro decretos ley: uno de UCD en 1979 sobre la Junta Central de Acuartelamiento; uno del Ejecutivo de socialista de Zapatero sobre el impuesto al tabaco que cayó en 2006 por un error; otro del Gobierno Rajoy sobre estibadores en 2017, y este del alquiler.
Los contratos vuelven a una duración mínima de tres años
La derogación del decreto supone el fin de todos los cambios impulsados por el Gobierno, tras haber elevado a cinco años la duración mínima de los contratos, que vuelve a ser de tres años. Asimismo, la prórroga tácita de tres años vuelve a ser de un solo año.
Otro de los cambios había sido la fijación de un máximo de fianza dos mensualidades y se establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato recayeran en el arrendador en caso de tratarse de una persona jurídica.
Asimismo, permitía a los ayuntamientos destinar excedentes de tesorería en ayuntamientos con superávit a la promoción del parque de vivienda pública, eliminaba la obligación de repercutir el IBI al inquilino en alquiler social por parte de la Administración o entes públicos y entraba a limitar los alquileres turísticos.
En este sentido, permitía que una comunidad de propietarios, por mayoría cualificada de tres quintos, pudiera adoptar acuerdos para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda.
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