«Exigir eso es de sentido común», ha afirmado en declaraciones en Telecinco, recogidas por Europa Press, para añadir que, además volverán a pedir que se cree un impuesto a la banca para recuperar el dinero del rescate del que se beneficiaron algunas entidades.
En todo caso, tal y como ha aclarado el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, el grupo parlamentario de Unidos Podemos dará su apoyo al decreto ley que apruebe el Gobierno «si se plantea claramente que son las entidades financieras las que tienen que pagarlo». «Pero nos parece absolutamente insuficiente», ha apostillado.
Apoyarán el decreto aunque sea «una tirita para una hemorragia»
En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Mayoral ha señalado que, independientemente del grado de retroactividad que plantee Unidos Podemos, existe otro litigio judicial abierto, por la vía de lo civil, en el que se analizará si la cláusula de este contrato es abusiva o no.
«Ahí es donde se van a encontrar un problema, porque están intentando poner una tirita donde hay una auténtica hemorragia», ha ilustrado, responsabilizando de ello a «la irresponsabilidad de los consejos de administración de las entidades financieras que han puesto en circulación contratos plagados de cláusulas abusivas».
«No tiene sentido que haya que proteger a los abusadores. Hay que articular mecanismos a través de los cuales la gente tenga la posibilidad de recuperar su dinero. Si se declarara nula la cláusula, lo nulo es nulo y se tiene por no puesto. Tendrían que devolverlo por nulidad plena», ha argumentado.
Argumentando que este asunto «tiene que seguir dilucidándose», Mayoral ha animado a la movilización para dar «respuesta a la infamia judicial», pues cree que esta reacción «es lo que está haciendo que el Gobierno se mueva». «Es la única forma de que las instituciones y el Estado se pongan del lado de la población», ha argumentado.
«Estamos muy solos en la ley hipotecaria»
Asimismo, ha instado a centrar la atención en la negociación de la ley hipotecaria que se tramita en el Congreso, pues cree que a día de hoy «afecta de manera grave a personas que tienen hipotecas y que pueden suscribirlas».
En este sentido, ha dicho que, tal y como está redactada, hay una disposición «que podría activar decenas de miles de procedimientos de ejecución paralizados», a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la abusividad del vencimiento anticipado.
Otras de las cuestiones que no se abordan en la reforma, ha proseguido, es la reforma del sistema procesal para trasponer la directiva europea que impide ejecuciones ante una cuestión prejudicial, la limitación de responsabilidad material o la imposibilidad de ejecutar desalojos sin alternativa habitacional.
«Estamos muy solos en la ponencia, no se están atendiendo a estas cuestiones», ha remarcado, reclamando apoyo a «los partidos a los que les tiemblan las piernas al ponerse frente a las entidades financieras» que «dejen de titubear».
«Lo que no sabemos y nos tememos es que otras fuerzas políticas que tienen otro tipo relaciones con las entidades financieras tengan opiniones distintas y mayorías diferentes a nuestras propuestas», ha lamentado, recordando que ya cuando se determinó la devolución de las cláusulas suelo comprobaron que «cuando hablamos de bancos, el bipartidismo vive».
¿Se han enriquecido los jueces con esta sentencia?
Por otro lado, Mayoral ha pedido esclarecer las posibles relaciones de los magistrados del Tribunal Supremo y si «se han podido enriquecer» por la subida de las acciones de las entidades financieras una vez conocido que la Justicia exoneraba a estas del pago de este impuesto. «La gente tiene derecho a saber si tenemos una Justicia independiente del poder financiero», ha recalcado.
Y es que la formación morada persigue que los altos cargos de la judicatura se incluyan en la legislación dirigida a altos cargos, con el fin de que se den a conocer su declaración de bienes y así se conozca si tienen acciones o participaciones en entidades financieras.
«Los altos cargos de la judicatura de elección discrecional por el CGPJ deben incluirse en la ley de altos cargos y de transparencia, para que los ciudadanos tengamos claro que no tienen otro interés que hacer justicia», ha reclamado Pablo Iglesias en un mensaje en su cuenta de Twitter.
3 comentarios
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El impuesto es el Impuesto de Actos Juridicos Documentados?? Eso en cualquier operación no lo paga siempre el que compra?
El chavista Echenique aprobó subir el impuesto un 50% en Aragón; el coletas mejor calladito.
y así de paso me beneficio yo , listo , que noooooo , que no te van a devolver el impuesto que pagaste cuando compraste el casoplón de galapagar , listo .