Santamaría y varios exministros, limitados para buscar trabajo por una ley que ellos mismos diseñaron

Con la llegada del PP a Moncloa, en medio de los casos de corrupción que habían afectado al partido, el Gobierno dio luz verde a un amplio paquete de medidas de regeneración democrática, entre las que figuraba la Ley de Transparencia y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que entró en vigor a finales de marzo de 2015.

El artículo 15 de esta última norma establece que los altos cargos no podrán «prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado» durante «los dos años siguientes a la fecha de su cese».

Si Santamaría o algún alto cargo del Gobierno del PP tiene una oferta profesional debe comunicárselo a la Oficina de Conflicto de Intereses «con carácter previo a su inicio». Si ese órgano entiende que esa actividad privada vulnera esta norma, se le comunicará al interesado y a la entidad que le vaya a contratar, que «podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes».

En ese caso, la Oficina de Conflicto de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad o no de esa actividad en el plazo de un mes. Este órgano fue dotado de «nuevas competencias» para ejercer sus funciones con «las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia», según recoge su exposición de motivos.

¿PODRÍA TRABAJAR EN UN BANCO?
Aunque la exvicepresidenta se ha limitado a decir que deja la política y su escaño, sin dar pistas sobre cuál será su futuro profesional, en las filas del PP circula que la vicepresidenta del Gobierno ya tiene ofertas encima de la mesa y hablan incluso de una importante entidad financiera española.

Algunas fuentes consultadas alertan de que con su incorporación a un banco podría incurrir en incompatibilidad, dado que formó parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno y en su labor como Vicepresidenta figuraba también la de supervisar y coordinar las decisiones de otros ministerios.

Sin embargo, otras fuentes no creen que Sáenz de Santamaría pueda vulnerar la legislación por incorporarse a la asesoría jurídica de un banco o por ocupar un puesto de responsabilidad de una entidad financiera en el extranjero. En 2015, el que fuera subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, abandonó el Gobierno de Rajoy para volver al Banco Santander, donde ocupa en este momento el cargo de secretario general.
La exvicepresidenta del Gobierno también tiene la opción de volver a su puesto de abogada del Estado, del que está en excedencia desde que comenzó a trabajar con Mariano Rajoy hace 18 años.

A finales de julio, el exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que había apoyado a Santamaría en las primarias del PP, dejó la política con la intención de pasar al sector privado.

Fuentes del PP pronostican que otros exministros de Mariano Rajoy --en especial otros fieles a la exvicepresidenta-- podrían seguir el mismo camino y dejar su escaño en los próximos meses. Algunos de ellos han sido ubicados al frente de presidencias de comisión en el Congreso, como Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, algo que no ha ocurrido por el momento con Fátima Báñez.