La proporción entre estos dos servicios de transporte urbano será de un vehículo de VTC por cada tres del taxi, «o menos» en determinadas ciudades, una vez que se otorguen dichas licencias por vía judicial, concretó el ministro.
De esta forma, se ahondará en el desequilibrio que ya existe en la proporción entre estos dos sectores que fija la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), que establece que no haya más de un coche de VTC por cada treinta taxis.
En la actualidad, esta relación es ya de un vehículo de firmas como Uber y Cabify por cada seis taxis, de «uno por cada tres en algunas ciudades», detalló el ministro durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta sobre el conflicto abierto entre estos dos sectores.
Este desequilibrio deriva del aluvión de miles de licencias de VTC que los tribunales están dando consecuencia del vacío legal que se abrió en el sector hace una década.
En 2009 el anterior Gobierno del PSOE aprobó liberalizarlo y, si bien el siguiente Ejecutivo, del PP, decidió en 2011 volver a regularlo, no fue hasta 2015 cuando se estableció por ley la proporción de uno a treinta.
El VTC compite «con ventaja».
Además del desajuste en el número de vehículos, el titular de Fomento considera que las empresas como Uber y Cabify compiten «de forma desigual y con ventajas» frente al taxi.
«Los VTC no están sujetos a la regulación de tarifas, horarios y calendarios de las administraciones autonómicas y locales como lo está el taxi», indicó Ábalos.
Por todo ello, el ministro considera que este problema requiere una solución, «si bien no definitiva, que al menos introduzca racionalización, justicia y equidad en el trato».
«Una solución que permita una convivencia de las dos actividades con un tratamiento justo, por la misma autoridad en el mismo territorio y con una normativa equilibrada que permita la convivencia pacífica de los dos sectores», añadió.
Así, Ábalos, tras garantizar que «no expropiará VTCs», insistió en que esta solución pasa por que sean las comunidades autónomas, y no el Estado central, las que regulen este sector en sus respectivos territorios, al igual que ocurre en el taxi.
De esta forma, apostó por la propuesta que realizó el pasado mes de julio, coincidiendo con el paro de taxistas de varias grandes ciudades. Esta medida consiste en habilitar normativamente a las comunidades autónomas que lo deseen para que puedan regular las VTC en sus territorios.
«No se trata de pasar un problema, se trata de asumirlo, porque se quiera ver o no, el problema lo tienen en cada uno de sus territorios», indicó en referencia a las reticencias que muchos gobiernos regionales ya manifestaron a asumir esta gestión cuando la medida se anunció en julio.
«Lo lógico es que asuma la gestión la administración más próxima al territorio donde está problema», abundó. «No tiene sentido que uno de los principales sectores de movilidad urbana, que además tiene ambición de serlo, sea competencia del Estado», remarcó.
Nueva ronda de reuniones
Por ello, pidió consenso en la necesidad de realizar esta asunción de competencias, pese a asegurar varias comunidades autónomas ya mostraron su disposición en la reunión de julio, entre las que citó a Baleares, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha.
Asimismo, con el fin de concretar esta propuesta y avanzar en atajar el conflicto entre los dos sectores, Ábalos anunció que este próximo mes de septiembre abrirá otra ronda de reuniones con ambos.
«Vamos a convocar de nuevo a los sectores para trasladarles las propuestas de Fomento, recabar sus ideas y tratar de ponernos de acuerdo», avanzó.
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