El juez mantiene en prisión a Jordi Sànchez por aparecer nuevos elementos que acreditan su participación en el 'procés'

Sànchez pidió al magistrado por escrito quedar en libertad el pasado 12 de enero, un día después de comparecer ante el magistrado, en el que acató expresamente la Constitución y rechazó la unilateralidad de la declaración de Independencia de Cataluña.

Unos días más tarde, el día 26 de enero, el número dos de Junst per Catalunya (JxCat), remitió otro escrito al juez insistiendo en su petición de quedar en libertad en el que argumentó que no hay riesgo de reiteración delictiva y que prueba de ello fue la entrada con toda la normalidad de los agentes de la Guardia Civil en la sede de la ANC en Barcelona, el día 24 de enero.

En un auto con fecha de este martes, el juez Llarena destaca que durante la investigación se han «añadido nuevos elementos de soporte» que hacen ver que la ANC tuvo un «reparto funcional que podría haber contemplado la movilización ciudadana para forzar al Estado a aceptar la independencia». Añade que existía el «conocimiento de la altísima probabilidad» de que esta congregación de personas «desembocara en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia».

Para ello, el magistrado se apoya en el documento denominado 'Enfocats', que recoge la hoja de ruta independentista a seguir, en la que Sànchez aparece como miembro del Comité Ejecutivo, y que prevé «como último recurso generar un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano». PRUEBAS DE LA PARTICIPACIÓN DE SÀNCHEZ

También en la agenda Moleskine intervenida al que fuera número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras --en prisión--, Josep María Jové; que según el juez instructor, evidencia» las reuniones de los partidos políticos independentistas y los líderes de ANC y Òmniun Cultural -de esta última Jordi Cuixart, también en la cárcel-- y, además, en ella se contempla que la movilización ciudadana es un «elemento estratégico para la consecución de la independencia».

Y, por último, las intervenciones públicas de representantes políticos y de ANC y Òmnium Cultural que «han proyectado la existencia de una actuación compartida». En este sentido, el juez Llarena destaca que el propio Sànchez llegó a afirmar en una ocasión que «hablaba en nombre del expresidente el señor Puigdemont o de los partidos soberanistas PDeCAT, ERC o la CUP, al tiempo que se ha proclamado garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia, salvo que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios».

El magistrado del alto tribunal también cita las convocatorias que se hicieron desde la ANC con el fin de «dificultar la prohibición» del referéndum del 1 de octubre, para «imposibilitar» que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a término la orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas de impedir su celebración.

Por otro lado, el juez que investiga el 'procés' justifica que, a diferencia de otros investigados que quedaron en libertad bajo fianza, existe un «mayor riesgo de reiteración delictiva» porque no ha renunciado a su escaño como diputado de JxCat. «No sólo no ha renunciado a la actividad pública que -desde diversos frentes-- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos», apostilla. REVALIDACIÓN DE SU COMPROMISO CON LA INDEPENDENCIA

Asimismo, hace alusión, una vez más, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --huido en Bruselas (Bélgica)-- al recordar que Sànchez es el número dos de las listas que éste encabeza con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña. «Ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidad que este proceso penal contempla y que desembocó en la aplicación del artículo 1155 de la Constitución Española», indica el auto.

Llarena también rechazó el pasado viernes poner en libertad al exconsejero Joaquim Forn al considerarle el responsable político del plan de los Mossos para permitir el 1-O. El magistrado apuntó que, pese a que el exresponsable catalán de Interior renunciase a ser diputado en el Parlament, existía riesgo de reiteración delictiva porque comparte la «ideología» de Puigdemont de alcanzar la independencia.

El juez insiste que para valorar el riesgo de reiteración delictiva no se tiene en cuenta si las circunstancias desde que entró en prisión han cambiado, como argumentó Sànchez en su escrito, sino «que subsistan los motivos que impulsaron la realización del delito, así como las circunstancias que lo propiciaron y de cual pueda ser el posicionamiento personal».

MANTIENE EL IDEARIO SOBERANISTA

Para el juez instructor, Sànchez «mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria». Asimismo, subraya que hay que tener en cuenta la «marcada determinación» con la que Sànchez «ha perseguido la consecución de sus objetivos, lo que se refleja en su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos».

Recuerda lo que ya expuso en su auto del pasado 4 de diciembre, por el que Llarena le mantuvo en prisión, sobre que las congregaciones de manifestantes «favorecieron un estallido social y, que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado».

Además, en su exposición razonada, para continuar explicando el por qué no excarcela al expresidente de ANC, alude a la existencia de un «contexto político» en el que todavía hay sectores que «defienden explícitamente la independencia de Cataluña de manera inmediata» y contraria a las normas penales.

Esta es la segunda vez que el juez del Supremo deniega poner en libertad a Jordi Sànchez al considerar que existe un riesgo de reiteración delictiva. Esto mismo argumentó en un auto del pasado 4 de diciembre cuando él y 10 exconsejeros catalanes --entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, que siguen en prisión-- y Cuixart pidieron declarar una vez que Llarena asumió la causa que investigaba la Audiencia Nacional por los mismos hechos.

Por otro lado, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional confirmó la decisión adoptada el 16 de octubre de 2017 por la juez instructora Carmen Lamela de enviar a prisión a los conocidos como los 'Jordis'.