El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemon, en Bruselas desde el pasado 31 de octubre, abandonó este lunes por primera vez la seguridad jurídica de Bélgica, donde ya no estaba sujeto a una petición de extradición de las autoridades españolas, y puso rumbo a un escenario de incertidumbre penal en Dinamarca.
El cabeza de lista de Junts Per Catalunya en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre se presentó en torno a las 06.00 hora local en el aeropuerto de Bruselas-Charleroi, a unos 50 kilómetros al norte de la capital belga, para tomar un vuelo de la compañía de bajo coste Ryanair con destino a Copenhague.
La justicia española atribuye delitos de rebelión, sedición y malversación de cargos públicos a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros y diputados autonómicos que le acompañan en Bruselas (Clara Ponsatí y Lluís Puig, de JxCat, así como Antoni Comín y Meritxell Serret, de ERC), si bien estos no han viajado con él a Dinamarca.
La Fiscalía recuerda en la petición de reactivación en Dinamarca de la orden europea de detención (OED) contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que ha remitido este lunes al Tribunal Supremo que los delitos de sedición y/o rebelión que se le imputan están castigados en el Código Penal danés con penas de hasta cadena perpetua revisable.
Así se señala en una nota por la que la Fiscalía ha informado de su petición al juez que investiga la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, que se expida «a la mayor urgencia» la OED por los citados delitos en amparo de lo dispuesto en la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea.
Dicha norma condiciona la emisión de dicha orden a que la misma sea solicitada por el fiscal o la acusación particular actuantes en el proceso -en este caso Vox, que el pasado viernes descartaba hacerlo por el momento-. Por su parte, la Fiscalía considera la reactivación de la orden contra Puigdemont algo «obligado, teniendo en cuenta que se encuentra huido de la justicia española».
Así, actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1 de esta ley, que señala que «cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega».
Solo en Dinamarca
Concreta que, de aceptarse esta petición por el juez, la orden deberá ser enviada directamente par su cumplimiento a la autoridad competente para su ejecución en el citado país, concretamente la Fiscalía de Copenhague, sin que sea necesario «en las actuales circunstancias» introducirla en el Sistema de Información Schengen al no encontrarse Puigdemont en ignorado paradero. Es decir, que la orden se limita únicamente a Dinamarca.
La Fiscalía General del Estado ya avisó este domingo de que actuaría «inmediatamente» solicitando la activación de la euroorden de detención y entrega si el expresidente catalán huido en Bruselas (Bélgica) se trasladaba hasta Dinamarca.
A pesar del aviso de la Fiscalía, Puigdemont ha cogido a primera hora de la mañana de este lunes un vuelo hacia Copenhague (Dinamarca) desde el Aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas, para asistir este lunes al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Catalunya.
Las iniciales órdenes internacionales dictadas contra Puigdemont y cuatro exconsellers que le acompañan en su fuga en Bélgica fueron retiradas el pasado 5 de diciembre por el juez del Supremo, que mantuvo únicamente la orden de su detención si regresa a España.
La intención del magistrado entonces era evitar que la Justicia belga pudiera diferir, a la hora de la entrega de los imputados, en lo referente a la tipificación de los cinco delitos -rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia- que se imputa a los exmiembros del Govern huidos.
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