El Gobierno confía que el futuro president acate la ley o no le «temblará el pulso»

Tras las elecciones del pasado domingo en Cataluña, las formaciones independentistas tienen la mayoría suficiente para que uno de sus representantes consiga ser investido presidente.

No hay por el momento nombres alternativos sobre la mesa del expresident y cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que permanece en Bruselas.

Su partido está estudiando fórmulas reglamentarias que puedan hacer posible su investidura, aunque no esté presente en el correspondiente debate en el Parlament.

Fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy aseguran a Efe que, permaneciendo en Bruselas, Puigdemont nunca podrá ser investido y se limitan a remitir a la decisión judicial que se adoptará en su caso si el expresident decide regresar a España, es detenido y depende de un juez que pueda acudir o no a una sesión de investidura.

Lo que el Ejecutivo recalca es que tanto Junts per Catalunya como ERC sabían a la hora de hacer sus listas electorales la situación procesal en que se encontraban Puigdemont, Oriol Junqueras y otros exconsejeros catalanes que permanecen en prisión o fuera de España.

«Ahora deben asumir las consecuencias de sus decisiones», subrayan las fuentes citadas. Por tanto, aún quedan muchas incógnitas por despejar antes de que un candidato logre ser investido en el Parlament.

Si finalmente lo consigue un representante de los partidos independentistas, el Gobierno cree que, más allá de sus declaraciones y discursos, sus hechos se adecuarán a la legalidad, porque ya sabe cuáles son las consecuencias de no hacerlo.

Espera, por tanto, que «la historia no se repita» y, pese a las diferencias, sea posible el «diálogo sincero» en favor del interés general que ofreció Rajoy el pasado viernes en su primera valoración pública tras las elecciones catalanas.

Pero si no lo hace y vuelve a saltarse los límites de la Constitución y el Estatut, las fuentes citadas insisten en que al presidente del Gobierno «no le temblará el pulso» para hacer «todo lo necesario» con el fin de garantizar la legalidad.

Ante la posibilidad de que eso suponga recurrir de nuevo al artículo 155 de la Constitución, insisten: «Todo lo necesario». No obstante resaltan que se trata de un escenario que no desean y que no esperan que ocurra.

Mientras en el Gobierno se reitera la llamada a la tranquilidad y a esperar la evolución de los acontecimientos, en el PP los ánimos están muy bajos y hay una evidente preocupación por lo que ha pasado en Cataluña.

Son varios los dirigentes que advierten de que no será fácil remontar la situación tras haber obtenido los peores resultados de su historia en esta comunidad y quedarse sólo con tres diputados.

Coinciden todos los dirigentes populares en que hay que hacer una reflexión, un «replanteamiento profundo» en palabras del propio candidato a la Generalitat, Xavier García Albiol, quien se mantiene, por el momento, al frente del PPC: quiso dimitir pero Mariano Rajoy le pidió esperar.

La idea, señalan algunas fuentes, es plantear un cambio de liderazgo a medio plazo, pero no en un momento tan delicado como el actual. Y antes de cambiar nombres hay que hacer un análisis profundo de lo ocurrido.

La primera reacción de los «populares» al conocerse los resultados no fue la autocrítica sino el reproche a Ciudadanos, por haber pretendido «ganar solo» al independentismo y no ayudar con su estrategia al bloque constitucionalista en su conjunto.

Pero también han admitido muchos que el PP no ha sabido vender, o no la hecho con el tiempo suficiente, el mensaje de que, debido al reparto que hace la Ley electoral, había varios escaños que este partido se jugaba directamente con el independentismo y que por haberse ido tantos votos a Ciudadanos han acabado recayendo en formaciones secesionistas.

Pese al mal momento que vive el partido, todos hacen piña en torno a Rajoy. Y hay quienes apuestan por empezar cuanto antes la reflexión interna y dejar de echarle la culpa a los demás y mucho menos a quien ha ganado las elecciones, Inés Arrimadas, como apuntó el viernes el presidente gallego, Albert Núñez Feijóo.

Lo que preocupa, y mucho, a barones y dirigentes es el efecto negativo que los resultados electorales pueda seguir teniendo en Cataluña, sobre todo para la economía.

Pero también advierten de otras dificultades que pueden surgir y que afectan directamente al Gobierno, como la dificultad de explicar en Europa lo que ocurrido o la posibilidad de que los independentistas se «envalentonen» -como apunta un dirigente autonómico- y hagan complicada la aplicación, aún vigente, del 155.