La Fiscalía federal belga examinará este sábado las cinco órdenes europeas de detención dictadas por la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su gobierno que le acompañaron a Bruselas y no acudieron a declarar el pasado jueves, según han informado fuentes de la propia fiscalía.
Los documentos dictados por la jueza Carmen Lamela han llegado ya traducidos Bruselas pasadas las 20:00 horas, por lo que la Fiscalía no examinará el fondo de la petición hasta el sábado, momento en que se designará un juez de instrucción para que se encargue del caso.
«La cuestión pasará al juez de instrucción y será él quien decida qué hacer», han señalado las fuentes, que recuerdan que a partir de entonces el juez tendrá 24 horas para decidir si la orden de detención «es conforme a la ley», si procede dictar prisión para las persona implicadas y si hay alguna «causa de rechazo» de la euroorden.
Para cumplir este primer procedimiento es necesario que Puigdemont y el resto de personas reclamadas por las autoridades judiciales españolas declaren ante el juez.
Si el juez no dicta prisión para las personas requeridas deberá tomar las medidas necesarias para «evitar la fuga», por ejemplo mediante la prohibición de viaje o con sistema de vigilancia electrónica.
La euroorden prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en sólo 10 días si el afectado consiente la orden, pero los plazos se alargarían en caso de que la persona se negara a la extradición, hasta 60 días desde su detención, como norma, pudiendo extenderse 30 días más en casos excepcionales.
Puigdemont llegó a Bruselas el pasado lunes acompañado de siete exconsejeros de su Gobierno, de los que aún permanecen junto a él en la capital europea cuatro de ellos, según fuentes del entorno del expresidente autonómico.
Se trata del exconsejero de Salud Antoni Comín, el exconsejero de Cultura desde julio de 2017 Lluís Puig, la exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret y la exconsejera de Enseñanza desde mayo de 2017 Clara Ponsatí.
Procedimiento
Si Puigdemont y sus exconsejeros no aceptan la extradición ante el juez de instrucción, tal y como han adelantado sus asesores legales, el proceso continuará en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia), en donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no.
En caso de que su decisión fuera recurrida, las partes podrían acudir aún a dos instancias más, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente.
En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.
La directiva de aplicación de la euroorden prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro.
Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.
Protección de los derechos fundamentales
De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen «razones serias» para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.
Paul Bekaert, el abogado conocido en España por recurrir la extradición de varios etarras detenidos en Bélgica y que ahora asesora a Puigdemont, ya ha dejado entrever en declaraciones a la prensa que si pide la extradición del expresidente autonómico la recurrirá apelando al riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales en España.
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