La secretaria del Juzgado número 13 de Barcelona y dos guardias civiles han comenzado a testificar a las 9:25 horas acerca del asedio que sufrieron el 20 de septiembre durante un registro en la Consellería de Economía de la Generalitat en el marco de una operación policial para impedir el 1-O.
Los dos agentes y la secretaria judicial, que tuvo que huir del edificio por la azotea y salir por un teatro anexo, comparecen como testigos ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga por sedición estos hechos -penados entre 8 y 15 años de cárcel- por los que hoy vuelven a declarar los cuatro imputados en esta causa.
Por segunda vez han sido llamados ante la juez el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La expectación mediática ante estas declaraciones, que han coincidido con la respuesta del presidente catalán, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno, ha hecho redoblar la seguridad alrededor de la sede de la Audiencia Nacional en la que se ha establecido un perímetro de seguridad para controlar los accesos.
Estos cuatro investigados ya comparecieron ante la juez el pasado 6 de octubre, que les ha vuelto a citar para que puedan responder del último atestado de la Guardia Civil que les fue notificado ese mismo día y que ampliaba los hechos investigados a los sucesos del 1-O en Cataluña.
En ese informe, el instituto armado observa «inacción» por parte de Trapero para impedir las votaciones en los colegios y de ser el «brazo ejecutor» del plan independentista, mientras que a Cuixart y a Sánchez les sitúa en el «comité de estrategia» para alcanzar la independencia de Cataluña, con capacidad «decisoria similar» a la del Gobierno de la Generalitat.
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