La Fiscalía sostiene que la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O no afectó «en absoluto a la normal convivencia ciudadana», porque los agentes actuaron en «legítima defensa», y recrimina al Govern su «irresponsabilidad» al convocar concentraciones «tumultuarias».
En un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que tiene en sus manos la denuncia de la Generalitat contra las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, el ministerio público se opone a investigar la actuación global de ambos cuerpos y pide que se indague solo la intervención de los agentes en un local de votación, la escuela Jesuitas de Sant Gervasi.
El fiscal entiende que en la jornada del 1-O, en algunos casos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron en «legítima defensa» frente a la intervención de «individuos no identificados» que actuaron «violentamente» en su contra, y remarca que ambos cuerpos obedecieron la orden judicial de impedir el referéndum, que también se había trasladado a los Mossos d'Esquadra.
Tras las cargas policiales para impedir el 1-O, la Generalitat denunció a la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el juez al considerar que sus actuaciones fueron «violentas y desproporcionadas» y supusieron una «manifiesta perturbación de la paz pública» y un «claro incumplimiento» de las ordenes judiciales que especificaban que las fuerzas de seguridad no podían afectar a la «normal convivencia ciudadana».
«Nada más lejos de la realidad», responde el Fiscal, que considera «general, indiscriminada e inconcreta» la denuncia del Govern y defiende que las medidas adoptadas por la Policía y la Guardia Civil «en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana».
«Afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocados por el Govern de la Generalitat, conocedor de la ilegalidad del acto y de las medidas judiciales adoptadas (para impedirlo)», sostiene el ministerio público.
Para el fiscal, grupos de personas se «agolparon» de forma «voluntaria, concentrada y coordinada» en determinados puntos de Barcelona para «de forma tumultuosa impedir a los agentes policiales intervinientes el cumplimiento de la resolución judicial» que les ordenaba impedir el 1-O.
«La actuación de los cuerpos policiales actuantes podría estar amparada por la causa de justificación de cumplimiento de un deber y, en algunos casos, por la legítima defensa frente a las actuaciones de individuos no identificados por el momento, que actuaron violentamente contra los agentes cometiendo presuntos delitos de atentado y resistencia», sostiene el fiscal.
Según el escrito, la Policía y la Guardia Civil actuaron en cumplimiento de una orden expresa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les ordenó impedir la apertura de los colegios, por lo que ambos cuerpos obedecieron estas directrices, que también se habían trasladado, según recuerda, a los Mossos d'Esquadra.
El fiscal ve «imposible» contestar a una «acusación genérica» como la de la Generalitat, que sostiene que la Policía Nacional y la Guardia Civil usaron la «violencia» contra personas que se concentraban «pacíficamente», al considerar que es una acusación «indiscriminada» sobre la actuación de numerosos agentes a lo largo de todo el día.
En cualquier caso, el ministerio público, en un «ejercicio intelectual», basándose en los datos proporcionados por la Generalitat, remarca que si el 1-O votaron 2.262.424 personas y 844 resultaron heridos, de ello se desprende que un 0,037 % de los votantes resultaron afectados por la «presunta violencia policial».
Además, al haber un único herido grave, el fiscal remarca que ello representa que hubo «un 0,000042 % de individuos afectados por la presunta violencia grave policial».
No obstante, el fiscal reconoce que cada uno de los casos concretos «merece y obliga» a jueces y fiscales a aclarar lo sucedido, por lo que pide que se abra una investigación sobre la intervención policial en el centro educativo Jesuitas de Sant Gervasi, en la calle Porvenir de Barcelona.
Para el fiscal, la Generalitat pretende con su denuncia generar una «interesada confusión», para «poner el foco en la presunta violencia de las actuaciones de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil para dejar en la penumbra el grave comportamiento» de los miembros del gobierno catalán.
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