El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta mañana un paquete de medidas «novedosas» para controlar los gastos de la Generalitat de Cataluña y que suponen 'de facto' una intervención parcial de las cuentas de esa comunidad autónoma. Con la decisión adoptada hoy en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión «ante la situación de manifiesta ilegalidad» en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo «de control de pagos novedoso» en términos de la «intervención del Estado» ya que no se habían adoptado nunca antes. El Gobierno de Rajoy admite que «estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat», pero las justifican por la «excepcionalidad de la situación» y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Pero ha querido dejar claro que «no afecta al ejercicio de las competencias». «No asumimos competencias», ha remachado Montoro antes de recalcar que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a Sanidad, a Protección ciudadana y Educación.
Lo que sí quiere garantizar el Gobierno de Mariano Rajoy es que «ni un euro» del erario público se va a destinar a una actividad ilegal como lo es el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre y también pretende asegurarse de que se cumplen los objetivos de estabilidad.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno se produce después de que ayer, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont. También ayer la interventora general de la Generalitat trasladó al Ministerio que iba a acatar la orden de su jefe de no informar de los gastos. Una actitud que ha sido comunicada a la Fiscalía.
Para aplicar estas medidas, el Ministerio emitirá un requerimiento al presidente Carles Puigdemont para que haga un acuerdo de no disponibilidad de crédito en relación con las partidas de gasto de servicios públicos no fundamentales. Esto supone que no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos y excepcionalmente Hacienda podrá autorizar fondos si se justifica la concurrencia de razones urgentes.
Para ello, da un plazo de 48 horas y si esta petición no es atendida, será el ministro quien adopte la decisión.
CERTIFICADO FIRMADO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL
Además, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a los servicios públicos fundamentales --nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales-- a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar un «certificado» de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.
Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas y de los gastos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Cataluña cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica.
Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las comunidades y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.
Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Cataluña y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. «Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos», ha expuesto Cristóbal Montoro.
Además, el ministro ha explicado que las operaciones de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo deberán ser autorizadas a partir de ahora por Hacienda. Hasta el momento era obligatorio el permiso del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las CCAA acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las incumplidoras del déficit y la regla de gasto. PIDE A LOS BANCOS QUE ACTUÉN
Junto a estas medidas, el Ministerio enviará el acuerdo del Gobierno a las entidades financieras para que no colaboren con actividades ilegales «como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero». Les insta a exigir que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General y si detectan que puede estar relacionado con el 1 de octubre «deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal».
Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no ha precisado durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí ha precisado que lo hará mientras «dure la situación de excepcionalidad» y mientras «se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia» que, ha añadido, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno. ELUDE EXPLICAR SI SE APLICARÁ EL 155
Cristóbal Montoro no ha querido precisar si, en caso de incumplimiento reiterado de la Generalitat, aplicará el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé la intervención parcial de la autonomía, con acuerdo del Senado, en consonancia con el artículo 155 de la Constitución.
Sí ha recalcado que le parece «muy válido» que se mencione la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque es uno de los «principales vehículos» para adoptar las medidas acordadas hoy. Pero dijo que iba a centrarse en explicar estas medidas que, en su opinión, «es imposible que no se cumplan» porque cree que la Generalitat no pedirá que no se paguen los servicios públicos en su afán de incumplimiento con las normas estatales.
En este sentido, Montoro se ha preguntado «a quién le molesta el control de la legalidad» y «qué quiere hacer la Generalitat con el presupuesto si no es capaz de informar de que los están usando para pagar la Sanidad, la Educación o la dependencia...». «¿Qué es lo que están pensando pagar?», se ha preguntado antes de espetar: «esto es lo que vamos a evitar, las malas ideas».
«VAMOS A EVITAR LAS MALAS IDEAS»
Al ser preguntado si el Gobierno tiene conocimiento de cómo está financiando el Ejecutivo catalán el referéndum del 1 de octubre, el ministro ha precisado que a él no le consta que exista un «fondo de reptiles» y que eso sólo se puede afirmar desde el desconocimiento de lo que es el control presupuestario.
A este respecto ha explicado que hasta final de agosto tienen la seguridad de los datos que ha facilitado la intervención general, aunque ha matizado que él no se puede pronunciar a estas alturas si «puede haber habido un falseamiento de documento público» en relación con esos datos.
Lo que sí ha querido dejar claro es que tampoco puede haber ni un euro privado a pagar una actividad que es ilegal. «Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada y eso es lo que estamos garantizando con estos mecanismos», ha apostillado.
22 comentarios
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favàrits: La diferencia esta en que los gibraltareños no quieren separarse del Reino Unido y Cataluña si quiere separarse de España.
cuants espanyolistes exaltas
España cada vez más pequeña. Mientras Reino Unido o Francia defienden a muerte hasta las colonias enanas de Gibraltar o Martinica... Aquí hemos dejado el Sáhara Español, Guinea Ecuatorial y ahora Cataluña... No aprendemos. Si levantaran la cabeza Isabel o Fernando no se creerían que hay tanto patán votando centralismo suicida...
Que cuento tenéis con el que manteneis a España, desde 2012 Cataluña se ha llevado más del 50 por ciento del FLA, esos son decenas de miles de millones de euros, si no fuese por el FLA pagado por todas las autonomías no podrían pagar ni una nomina...asi lo agradecen... pues nada espero que os vayáis y os tengáis que vender a China, ya vereis que bien os va...
El 9N va costar 5M€, el Palmarena 90M€.
Ya va siendo hora de que el Gobierno haga algo, nos estan puteando durante años, y con el Fondo de Liquidez Autonómica les estamos salvando las cuentas, ya no les prestaría ni La Caixa, según las agencias de rating tienen dada a Cataluña de calificación de bono basura, por eso hay que darles pasta todos los años para que eviten la suspensión de pagos, pues nadie les presta, desde 2012 llevan recibiendo 75.000 millones de euros, mas del 50% del total a repartir a la Comunidades Autónomas. De todas formas yo si que sospecho la existencia de un "fondo de reptiles", ya sabemos como es esta gente. En los años 80 Jordi Pujol, se envolvió en la bandera catalana, cuando le tenían que juzgar por haber arruinado el Banco de los Pirineeos y haberse enriquecido con ello, organizó manifestaciones, concentraciones, y decía "esto es un ataque a Cataluña"
Ya estaban tardando... Ahora hace falta que se les acaben de quitar los muchísimo complejines que todavía tiene este gobierno y que les plante el artículo 155 con todas las de la LEY, para tomar de una vez las riendas de Cataluña a todos los niveles y sin excepción. Y se acabó de una vez el cachondeo. Si Rajoy hiciera eso, estoy convencido que en las próximas elecciones saca mayoría absoluta, sin la menor duda. España ya estás harta de este chantaje continuado e insoportable. Llevamos así 40 años y no han parado ni un solo día de extorsionar y chantajear, con todo tipo de mentiras y manipulaciones hasta de la Historia, con tal de vender su falso victimismo y sus embustes a dos generaciones de catalanes desde la escuela. Así estamos hoy en día. Aunque la culpa de todo ello es de los sucesivos gobiernos centrales, que se lo han permitido todo y encima les han reído las gracias, pensando que iban de farol. Ya es hora de actuar, Mariano, así que déjate ya de pasarles la patata a los jueces
Si estos van a controlar las cuentas estamos arreglados..solo falta que Pujol ..l hagan ntermediario...vaya panda
Catalunya ha demanat pacifica y democraticament unes urnes i l'estat espanyol solament ha contestat amb policies y jutges. La incapacitat del govern espanyol per donar una resposta a aquesta peitció, es la democstració de que no tenim una democracia, la demostració que a España es viu per acontentar al govern, no als ciutadans i aixó es pur feixisme.
Qué !!! estos van a controlar el dinero ?? Se lo ponen facil,para meter la mano en la caja...con la experiecia que tienen...son unos profesionales.