Fuentes del Gobierno se han expresado en estos términos después de que la Mesa del Parlament no haya incluido finalmente en el orden del día, cuando se inicia el nuevo período de sesiones, la tramitación de la llamada ley del referéndum, la norma con la que los independentistas prevén amparar el 1 de octubre.
Un aplazamiento que, junto al hecho de que la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, se negara a firmar el texto de la ley, es la demostración, a juicio del Gobierno, de que el proceso independentista «vive una situación de absoluto desconcierto».
Según estas mismas fuentes, esa situación está causada por la pérdida de apoyos populares, la radicalización, la «purga de cualquier voz moderada» y el intento de «escapar de sus responsabilidades» por parte de los máximos dirigentes secesionistas.
El pasado 31 de julio, Junts pel Sí y la CUP registraron la proposición de ley del referéndum, y todo apuntaba en un principio a que se incluiría en el orden del día de la Mesa de hoy para su admisión a trámite.
Aunque en la convocatoria oficial de la Mesa de hoy no figuraba la ley del referéndum en el orden del día, éste podía ser modificado en el último momento, cosa que finalmente no ha sucedido.
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