El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González es trasladado desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Eloy Velasco | Santi Donaire

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El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido en la operación Lezo que investiga irregularidades en el Canal de Isabel II, ha sido enviado este viernes a prisión sin fianza por el juez Eloy Velasco, con lo que se suma a la lista de exmandatarios autonómicos que ingresan en la cárcel.

González es de los pocos que han sido detenidos en el marco de una operación policial contra la corrupción, ya que en otros casos fueron citados directamente ante el juez.

Los expresidentes Jaume Matas, Gabriel Urralburu, Juan Hormaechea o José Marco figuran en esa lista de expresidentes detenidos y condenados.

Fue arrestado también el expresidente de la Generalitat valenciana entre 2002 y 2003 José Luis Olivas (PP), aunque lo fue en una causa en la que se le investigaba como presidente de Bancaja.

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Olivas fue condenado por un juzgado valenciano por falsedad y delito contra la Hacienda Pública, y permanece aún encausado en el caso Bankia y las operaciones de Bancaja en el Caribe mexicano.

Quien más juicios tiene pendientes, no obstante, es el balear Jaume Matas (PP), ya juzgado y condenado por varias causas y que incluso ha cumplido condena en la cárcel de Segovia.

Matas ha sido hasta ahora el último presidente autonómico condenado por corrupción, tras ser sentenciado en el 2012 en una de las 26 piezas en las que se dividió el caso Palma Arena (ya estuvo en la cárcel por este caso) y, recientemente, por el caso Nóos.

También fueron condenados a penas de prisión el expresidente de Navarra Gabriel Urralburu (PSOE), por delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda Foral, y el exjefe del Ejecutivo de Cantabria Juan Hormaechea (regionalista y PP), por malversación de caudales públicos, aunque no llegó a ingresar en la cárcel porque fue indultado.

El socialista José Marco, que presidió Aragón entre 1993 y 1995, fue condenado en 1995 por malversación de caudales y falsedad en documento público y, después, en 1999, en un caso de espionaje a políticos, si bien por esta última causa no tuvo que ingresar en la cárcel.