Rajoy ha hecho estas afirmaciones en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, sobre la necesidad de garantizar la igualdad entre territorios en un nuevo modelo de financiación y una asignación equitativa y eficiente de las inversiones del Estado.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la solidaridad y la igualdad son dos pilares básicos de la convivencia y ha asegurado que la prioridad y obligación del Gobierno es garantizarlos en el nuevo modelo de financiación autonómica y en las inversiones estatales.
Ambos principios inspirarán, por tanto, ha dicho, tanto el sistema de financiación que comenzará a debatirse el 17 de enero en la Conferencia de Presidentes Autonómicos como el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que se presentará en el primer trimestre del próximo año.
Rajoy ha reconocido la deficiencias del actual modelo y la necesidad de corregirlas con el objetivo de asegurar un nivel de servicios en todos los territorios definiendo una cartera común en las áreas fundamentales y asegurar una financiación estable y suficiente.
Y, aunque ha advertido sobre la «enorme dificultad» que entraña el asunto, se ha mostrado convencido de que se podrá llegar a un entendimiento entre todos, al igual que con las inversiones, en las que ha comprometido reparto equitativo.
En este sentido, ha dicho que intentará poner en marcha un plan nacional sobre transportes e infraestructuras estratégicas.
El diputado de Foro ha incidido en que España necesita un mayor esfuerzo para lograr la igualdad y solidaridad establecida en la Constitución y ha coincidido con Rajoy en la necesidad de cambiar el sistema de financiación autonómico aprobado en 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «a medida de las exigencias del tripartito catalán».
En su opinión, es un modelo «perverso, injusto y antisocial» que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería haber corregido en su primer mandato, pero, sin embargo, empeoró con medidas de condonación de intereses que beneficiaron a las comunidades más incumplidoras -Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía-.
Ha recalcado además que las asignaciones de inversión pública con criterios de eficacia y equilibrio territorial son un herramienta decisiva para garantizar la cohesión territorial.
«Los asturianos no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás», ha afirmado Martínez Oblanca.
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