En su escrito de calificación, presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor, y en el de las exconselleras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias.
En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.
Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejadas penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente planteaba la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.
En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon «una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento» de las órdenes del Constitucional.
En opinión del ministerio público, Mas, «amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad», se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para «disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N» que ya estaban en marcha.
La Fiscalía sostiene que Mas no solo no suspendió «oficialmente» la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconselleras, «generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así».
De esa forma, según el ministerio público, «lejos de ser interrumpida», la utilización de instrumentos y procedimientos públicos para el 9N «continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que, de cara al exterior, la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios».
A ello contribuyó, según la Fiscalía, el hecho de que los principales trabajos organizativos y logísticos del 9N «fueran principalmente encomendados a contratistas privados, y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas».
De hecho, los fiscales apuntan que, ya al convocar la consulta, los acusados recurrieron a «actos jurídicos no formalizados, incluso meramente materiales», con lo que en su opinión «eran conscientes desde un principio de la posible impugnación de la misma por parte del Gobierno de la Nación y de la consecuente interdicción jurisdiccional, y actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control jurisdiccional».
Concretamente, la Fiscalía acusa a Mas de haber «desatendido el mandato» del TC e incumplir su obligación de dejar si efecto la convocatoria y a Ortega de seguir ejerciendo el «control público y la coordinación» de las actuaciones de preparación de la jornada de votación, tras la suspensión.
En el caso de Rigau, el ministerio público cree que actuó «de forma coordinada con los anteriores», garantizando que los directores de instituto, «con mayor o menor convencimiento individual», siguieran prestando el apoyo necesario para que los centros educativos acogieran las urnas.
La Fiscalía mantiene que, pese a que la resolución del TC llegó a la Generalitat por correo ordinario el 6 de noviembre -tres días antes de la consulta-, Artur Mas la conoció por un correo electrónico que el presidente del Tribunal Constitucional le remitió personalmente el día 4, el día en que se suspendió.
Ese mismo día, razonan los fiscales, el propio gobierno catalán ordenó presentar recurso de súplica contra la providencia del TC, cuya sola lectura no dejaba «margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión acordada: toda actuación pública, estuviera o no formalizada jurídicamente, que contribuyera a impulsar la convocatoria señalada para el día 9 de noviembre siguiente».
13 comentarios
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Al senyor sargantana li diria que si, que la llei es el maxim, peró per que es canvien jutges, fiscals i demés carrecs judicials com aqui a passat, quan es mostren tolerants amb els que defenssem el dret a decidir i curiosament en possen uns altres que no ho fan? avam expliquim-ho senyor sargantana, per que la resposta es ben facil. Pues per que la llei es bona quant a un li convé, peró quant no, es manipula, com aqui ha passat.
Abans era obligatori fer el servei militar i els primers que s'hi van oposar van rebre fort i els van dir de tot, després ja no va ser llei perque el món havia canviat. Tothom diu respectar la legalitat vigent i d'aquests quants n'hi ha que fan feines sense IVA, quants n'hi ha que treballen en negre i quants no es salten els límits de velocitat. Les coses canvien i les constitucions i lleis també, quan convé.
Vamos a ver, si yo como ciudadano y contribuyente desobedezco la LEY, ya se a que atenerme, se que incluso puedo pagar con la cárcel. Lo que me indigna es que un Sr ¿? que tiene que dar ejemplo de comportamiento, a de ser exquisito y respetuoso con la Legalidad VIGENTE. Yo pago mis impuestos con los que pagamos sus nóminas, y los pago, no de una manera voluntaria, los pago porque es una obligación legal, es decir, porque así lo dice la LEY.
Estic impactat pel tó dels comentaris, fins i tot n'hi ha que possen en dubte rebre un estiuejant crónic, que solament té paraules d'admiració cap a la nostre illa, per condicionar als fornellencs. Ni en Matas , ni la Munar, ni en Canyelles ni cap altre politic balear acusats de robar, es mereixerien un tractament igual i aquest senyor esta acusat de possar unes urnes. Aixó seria com a la alemania nazi. Recordaria a aquests senyors, que encara que no estiguin d'acord amb el Dret a Decidir dels catalans, cosa que jo si, el respecte per les idees dels altres es algo que ens identifica, sobretot als menorquins, que sempre hem estat els més tolerants de tots.
La inhabilitación le preocupa poco. Se pueden manejar las cuerdas desde le sombra. Lo que hay que hacer es meterlo 9 años en la cárcel. Eso si le importaría.
ningú esta per damunt sa llei, es digui mas, matas o camps. Si tens un manament clar de es tribunals, t'agradi o no l'has de complir, i si no t'agrada pues guanya eleccions i canvia ses lleis on s'han de canviar. Pero aço, de , el mandat del poble, el mandat popular, si home va, doncs el meu bloc de pisos vol que els hi robi la compra del mercadona cada dia.. bajanades señor mas.A fornells un presumpte delincuent i separatista dubt que sigui ben rebut, aquí volem gent honesta i que treballi per el be de tots. No nacionalisme i separatisme ranci, en que tot es jo, catalunya i res mes.a Raul romeva, dirli, que comprar-se un chaletazo a Cala morell, no es molt d'esquerras, ICV deu estar orgullosa d'ell. Hauria de fer pais, i veranejar a la costa brava, no vol ser independent?? p.d: apart d'aixo, pel que realment haurien de processar a mas, es per els casos de corrupció de l'epoca pujol i post pujol (ell era conseller dinterior del pujol, ara clar.. dira que no sabia res..)
Éste señor desde su cargo de representante del estado español como presidente de una comunidad autónoma y cobrando de los impuestos de todos los españoles, ha utilizado ese cargo de confianza para traicionar al resto de conciudadanos, a los que les debe lealtad, como mínimo. Así que ¡¡¡¡ tarde llegas justicia ¡¡¡¡¡
S'ha acabat la impunitat per Mas i la resta del partit del 3 % i la fuita cap endavant del independentisme no pot servir de coartada per tapar tota la seva corrupció. I als seus socis d'ERC i la CUP també els hi hauria de caura la cara de vergonya per intentar portar una separació que molts catalans no volen i en Mas i CDC només proposen per tapar la seva corrupció i no haver de donar comptes davant la Justícia.
Sa justícia sempre l`han feta es grossos per aplicar-la a nes petits d'aquest pais.
Y la cárcel, que pasa