El promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, le ha abierto a Molina un expediente disciplinario después de archivar en un primer momento la denuncia interpuesta por estos hechos.
La semana pasada, la comisión permanente del CGPJ revocó el archivo de la denuncia interpuesta por la asociación Clara Campoamor y ordenó al promotor abrir a la juez un expediente disciplinario.
La denuncia reclama al CGPJ que suspenda o aparte de su cargo a la magistrada por su «constante vulneración de derechos» de mujeres víctimas de violencia de género.
Se centra fundamentalmente en un episodio ocurrido el 16 de febrero cuando una mujer interpuso en la comisaría de la Policía Local de Vitoria una denuncia por maltrato habitual físico y psíquico en el ámbito de la violencia de género, la cual incluía dos agresiones sexuales y solicitaba además una orden de protección.
Fue citada al día siguiente en el juzgado y durante la declaración, según la denuncia, la jueza Molina mostró una «clara y manifiesta predisposición de incredulidad hacia el testimonio de la denunciante, interpelándola sin dejar terminar la respuesta, realizando preguntas sugestivas y condicionando su declaración», añade la denuncia.
La jueza le preguntó si «opuso resistencia a las agresiones». También le dijo textualmente: «¿Cerró bien las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos?» y la mujer, «atónita», solo pudo responder que sí.
Para la presidenta de la asociación, esta pregunta es «ofensiva, degradante y humillante, y carece del mínimo rigor profesional y ético para con la víctima» y añade que este hecho no es un acto aislado sino que ese comportamiento de la juez es «habitual y continuo».
Su proceder, continúa la denuncia, ha dado lugar a «múltiples quejas y descontentos» por parte de mujeres víctimas «debido al sentimiento de malestar generado por la revictimización de la que son objeto».
También esta situación es conocida «por el resto de las operadoras jurídicas» de Vitoria y cita a la Fiscalía, al servicio de atención a las víctimas del delito, al equipo psico-social judicial, a la policía judicial y a la Abogacía, entre otras
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