El Cuerpo Nacional de Policía ha celebrado este lunes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria unas jornadas en las que ha presentado el balance de sus dos últimos años de lucha contra la explotación sexual, con un objetivo claro: concienciar al ciudadano de que, si recurre a la prostitución, es muy probable que esté ayudando a las mafias internacionales que trafican con seres humanos.
«En España no hay restricción legal alguna sobre la prostitución, pero sí queremos llevar al ánimo de los clientes que no pueden ser cómplices de la trata de seres humanos, de una explotación sexual de mujeres», ha advertido hoy el director del cuerpo, Ignacio Cosidó.
La cifras que ofrece la Policía son claras: desde que en 2013 comenzó la actual campaña contra las mafias de la explotación sexual, se han realizado más de 500 investigaciones, 1.600 personas han sido detenidas, se ha identificado a 20.000 víctimas de estos delitos y se ha conseguido que un millar de mujeres hayan rehecho su vida fuera de la prostitución con la ayuda de varias ONG.
Las redes que investiga la Policía trafican con mujeres españolas, pero sobre todo con inmigrantes traídas en la mayoría de los casos de Europa del Este, Iberoamérica y Asia, en algunas ocasiones menores de edad. De hecho, en los dos últimos años, la Policía española ha librado de la explotación sexual a 131 menores.
«Esta es una forma clara de criminalidad organizada. Según Naciones Unidas, después del narcotráfico, en este momento la trata de seres humanos y las redes de inmigración ilegal son el principal negocio que tiene el crimen organizado», ha apuntado Cosidó.
El director general de la Policía ha trasladado a su auditorio estas cifras de la ONU: la explotación sexual mueve cada año 25.000 millones de euros en todo el mundo (6.500 millones solo en los países de la UE) y afecta a 12 millones de mujeres.
En España, se calcula que hay unos 1.500 clubes de alterne repartidos por todo el país, que junto a la prostitución callejera y la que se ejerce en domicilios facturan cinco millones de euros, ha apuntado en las jornadas el comisario principal de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF), José María Moreno.
Este alto responsable policial ha subrayado en su intervención que los cuerpos de seguridad españoles hacen grandes esfuerzos para luchar contra este tipo de delitos, pero no ha ocultado su diagnóstico: «En el tema de trata de personas para la explotación sexual estamos en una posición muy mala, malísima».
«El cliente es la clave», ha reconocido Moreno, que por eso considera tan importante hacer ver a quienes «consumen» prostitución que, sin saberlo, están ayudando a la «esclavitud del siglo XXI».
La Policía subraya que las redes que están detrás de buena parte del negocio de la prostitución someten a sus víctimas «con enorme crueldad», empleando todo tipo de técnicas, que van desde la violencia física y las amenazas dirigidas contra la propia mujer, hasta la toma de sus hijos como rehenes en sus países de origen.
El jefe de la UCRIF ha explicado que, entre las mafias de la prostitución, las «más herméticas» son las que trafican con mujeres chinas. Estas solían trabajar solo con clientes asiáticos, pero van ampliando su radio de alcance en España, sin perder secretismo.
«De hecho, casi no recuerdo ninguna actuación de todos nuestros grupos operativos en la que hayamos conseguido una declaración firmada de una víctima china», ha apuntado José María Moreno.
Para vencer las reticencias de algunas mujeres a denunciar, la Policía dispone en el caso de las víctimas inmigrantes en situación irregular de nuevas herramientas legales, como el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que establece cauces de protección a quienes colaboren en las investigaciones.
Desde que comenzó el actual plan contra el tráfico de personas, la Policía ha ofrecido el amparo de ese artículo a 1.167 mujeres y, en 323 casos, les ha otorgado el estatus de testigos protegidas.
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