La sentencia condena a Rafael Alfonso S.M. como autor de un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa agravada, y en ambos concurre la circunstancia atenuante de confesión.
Además, se le impone una multa de 3.000 euros y se le obliga a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 38.139,73 euros, a Caixabank S.A con 14.586,79 euros y al Ministerio de Economía y Hacienda con 85.086,41 euros.
Para cobrar las pagas de su madre, que murió en 1992, el condenado no lo comunicó a ninguno de los organismos encargados de su abono y dispuso de su importe mediante reintegros en cajeros automáticos, para lo que utilizaba una tarjeta a nombre de su madre.
Durante siete años imitó la firma de su madre en los «Controles de Vivencia» y en las «declaraciones de aptitud legal» que se exigían para abonar las pagas, señala la sentencia.
Además, durante tres años acompañó a la declaración de vida de su madre una copia de su DNI y un folio en el que se recogían, junto con sus datos de identidad y domicilio, que la mujer había sido revisada en un centro de salud por ictus cerebral, demencia senil y por inmovilidad motriz.
En ese informe se señalaba que el tratamiento había prescrito y al final constaba un sello del Servicio Andaluz de Salud, y en todos los documentos había un sello de la Seguridad Social con una firma en el que se hacía constar que se trataba de una fotocopia cotejada con su documento original y una fecha.
Para la elaboración de estos documentos, el acusado utilizó un informe médico original de su madre, al que hizo fotocopia y en el que fue modificando las fechas, reflejando las que correspondían a cada año de renovación, señala la sentencia.
Asimismo, estampó el sello de cotejo de documentos de la Seguridad Social, al que podía acceder porque era funcionario del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, y para ello hacía una rúbrica como si de un empleado de dicho organismo se tratara.
De esta forma, hacía constar que esos documentos eran fiel reproducción y copia de otros originales con idéntico contenido y después los enviaba por fax desde la Administración número 1 de la Seguridad Social de Sevilla, en la que trabajaba, a la entidad bancaria.
Para la percepción de la prestación del Ministerio de Hacienda, la habilitada Isabel Delgado Pino recibía por correo esos mismos «Controles de Vivencia» o «declaraciones de aptitud legal» firmados por el acusado, imitando la firma de su madre.
A su vista emitía una certificación, dirigida al Ministerio, en la que hacía constar que la titular de la pensión seguía con vida, renovándose así el derecho a percibir la paga.
Con base en la documentación recibida, los organismos pagadores emitieron las correspondientes autorizaciones de pago, según la sentencia, en la que se indica que se han recuperado 37.786 euros de los cobrados indebidamente, que se restarán a las indemnizaciones acordadas.
El condenado fue jefe de equipo en la Administración de la Seguridad Social número 1 de Sevilla desde el 1 de diciembre de 1997 y gestor informador desde el 1 de enero de 2008 hasta el 19 de diciembre de 2011.
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