Facua-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno que intervenga el sector y fije periódicamente los precios máximos que pueden cobrarse por los carburantes en las estaciones de servicios, tras conocerse la multa de 32 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las petroleras por pactar precios.
Facua insiste en que la regulación de precios por parte del Ejecutivo «es la única forma de poner freno a las escandalosas prácticas oligopolísticas del sector».
La asociación recuerda que a finales de los años 90 el Gobierno abandonó el sistema de fijación de precios máximos para dar libertad total al sector para fijar los precios, «con el falaz argumento de que ello incentivaría la competencia y el abaratamiento de los combustibles».
Facua exige al Ejecutivo que actúe «de una vez» en beneficio de los consumidores y frene las prácticas «de un sector que se niega a competir para obtener márgenes de beneficio abusivos».
La asociación critica la «pasividad» ante la «injustificada carestía» de los carburantes que han mostrado los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. Para Facua, la solución no es aplicar «pequeñas multas» como la que acaba de trascender, sino asumir que la liberalización del sector ha tenido justo el efecto contrario al anunciado, como ha venido denunciando la asociación desde antes de su puesta en marcha.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 32 millones de euros a cinco petroleras, entre las que figuran Repsol (20 millones de euros), Cepsa (10 millones), BP, Disa, Galp y Meroil, por pactar precios. La sanción se emite por prácticas prohibidas en la coordinación de precios de los carburantes, así como por pactos de no agresión e intercambios de información realizados entre las empresas.
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