El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca Junyent, ha comentado hoy que la duquesa de Palma está «disgustada» por tener que vender su casa de Pedralbes, «porque no deja de ser algo -ha dicho- sobre lo que había depositado ilusiones».
Los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca y Jesús Silva, han confirmado hoy que su defendida se ha sumado a la petición de Iñaki Urdangarin para que el juez José Castro levante el embargo del 50 % de su palacete de Pedralbes para poder venderlo, algo que, según Silva, «beneficia también a la administración de Justicia».
En declaraciones a Efe-TV, Silva y Roca han explicado que «la representación legal de Iñaki Urdangarin ha solicitado levantar el embargo para vender la casa, y la infanta se ha adherido a la petición de su esposo».
El juez que instruye el denominado caso Nóos, José Castro, dictó en noviembre de 2013 el embargó de la mitad del palacete que el matrimonio tiene en el barrio de Pedralbes, en la zona alta de Barcelona, para cubrir la posible responsabilidad civil derivada de este caso de presunta corrupción y su permiso es imprescindible para poder vender la vivienda.
Según Silva, el juez «no tendría que tardar mucho» en resolver la petición «porque es un tema de trámite y hacer líquido un bien inmueble beneficia a la administración de Justicia por lo que significa la responsabilidad pecuniaria».
Silva, que ha dicho desconocer la identidad del comprador que se ha interesado en comprar el palacete, que podría ser vendido por unos 6 millones de euros, ha confirmado que la casa todavía tiene pendiente de liquidar una hipoteca, cuyo importe se tendrá que deducir del precio de venta de la casa.
El letrado de la infanta Cristina ha insistido en que «hacer líquido un patrimonio inmobiliario favorece los intereses de la Administración de Justicia. Si un patrimonio inmobiliario puede tenerse en billetes, muchísimo mejor».
«Aunque un bien embargado al 50 % es imposible venderlo, es lógico que el juez de instrucción quiera mantener una garantía», ha reconocido Silva, que ha considerado injusto el actual sistema de embargos judiciales contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal «porque deprecia» los bienes embargados.
Preguntado por la depreciación en el precio de la venta del palacete, unos cuatro millones menos de lo que le costó al matrimonio Urdangarin, Silva ha dicho que «eso pasa siempre» y ha pedido que se modifique «este sistema que tenemos de embargos porque hace que se deprecien (los bienes) y redunda en perjuicio de todos».
Por su parte, Roca ha considerado que es «absolutamente correcto» que el juez Castro quiera hacer un seguimiento preciso de la venta y el dinero que se obtenga.
Además del palacete de Pedralbes, el juez embargó a Urdangarin la mitad de otras propiedades cuya titularidad comparte con su esposa, entre ellas otras tres viviendas, dos garajes y dos trasteros.
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