La Fiscalía se querella contra Mas por cuatro delitos en el 9N

Tras aplazarse casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, la querella se ha interpuesto finalmente este mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la próxima semana tiene previsto elegir al tribunal que estudiará su admisión a trámite.

La querella, que entre otras diligencias pide la declaración como imputados de Mas, Ortega y Rigau, plantea cuatro delitos por las posibles responsabilidades penales derivadas del 9N que, como máximo, podrían acarrear para cada uno de ellos condenas de hasta un año de cárcel y diez de inhabilitación especial para cargo público.

El escrito, redactado por la Fiscalía General del Estado y que firma el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, pese a sus iniciales reticencias, acusa a los querellados de «sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho».

La Fiscalía reprocha a los miembros del Gobierno catalán la «intrínseca arbitrariedad» de su conducta, por negarse «abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución».

El ministerio público recuerda que la consulta del 9N fue «planificada, auspiciada y financiada» por la Generalitat pese a que el TC la suspendió en una orden que, a su parecer, «no dejaba margen a la duda».

Es más, el fiscal cree que el 9N «no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el TC», como lo demuestra que Artur Mas puso en marcha un proceso de participación ciudadana «desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales».

Además, la Fiscalía cree que el Gobierno catalán malversó dinero público en la organización del 9N por los gastos que la consulta implicó en movilizar a casi 7.000 mossos d'esquadra, distribuir propaganda electoral y mantener la web que informaba del proceso, entre otras partidas.

También recrimina al Ejecutivo de Mas que haya «urgido» a presos catalanes a confeccionar las urnas y las papeletas que sirvieron para la consulta del 9N, con jornadas «voluntarias» de doce horas de trabajo, incluso en sábados y domingos, en el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de la cárcel Ponent de Lleida.

Para la Fiscalía, también tiene relevancia penal que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, convocara de forma «oficiosa» a directores de institutos a varias reuniones para solicitarles verbalmente que colaboraran con el proceso cediendo los locales de sus centros a fin de que se instalaran las mesas electorales.

En opinión del ministerio público, las resoluciones del TC constituyen «una orden absoluta, tajante e inequívoca» y el incumplimiento de la misma, «consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, y en las actuaciones preparatorias del mismo, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional».

«Pese al conocimiento de que el TC había decretado la suspensión, los querellados en abierta y franca oposición llevan hasta el final el acto suspendido», añade el escrito, que recuerda las «reveladoras» palabras pronunciadas por Mas el 9N: «si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno».

Una vez registrada la querella, la sala civil y penal del TSJC elegirá probablemente en sus reuniones de la semana próxima la sala de admisiones que deberá decidir si la acepta a trámite, un tribunal integrado por el presidente de la institución, Miguel Ángel Gimeno, y otros dos magistrados que serán designados por sorteo.

La presentación de la querella zanja dos semanas de debate en el seno del ministerio público, por las reticencias de la Fiscalía Superior de Cataluña a actuar contra Mas por desobediencia.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, convocó el miércoles a la Junta de Fiscales de Sala, que acabó avalando su propuesta de querella, aunque con diferencias sobre acusados y delitos.