El Sindicato Manos Limpias acusa al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol de siete presuntos delitos en la querella que este miércoles tiene previsto presentar en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, y en la que también implica a su esposa Marta Ferrusola «por su complicidad y cooperación necesaria».
En la querella se acusa a Pujol de los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación.
Actuando como Acción Popular, Manos Limpias argumenta en el texto de la querella que hay indicios de que durante los 23 años en los que Jordi Pujol presidió la Generalitat «estuvo al servicio de al menos parte de la familia Pujol-Ferrusola».
La querella resalta que recientemente Jordi Pujol confesó en un comunicado «haber tenido desde el año 1980 dinero en el extranjero sin regularizar», y que en el mismo «se hace el único responsable de ese dinero, que no estaba regularizado y que provenía de la herencia que le legó su padre (Florenci Pujol Brugat)».
Entiende que con esta acción Pujol «en ningún momento ha tenido la más mínima intención de confesar los hechos durante estos años», y que parece más bien una autoinculpación «que nada tiene que ver con la figura de la confesión, que ha sido fruto del cerco policial y judicial a raíz del resultado de unas investigaciones que al parecer se han ido realizando y apuntaban directamente contra él».
Manos Limpias apunta a un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía según el cual, durante los 23 años del gobierno de Pujol al frente de la Generalitat se cobraban comisiones del 4 % para la adjudicación de obra pública, del que supuestamente el 2,5 % iba para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el otro 1,5 % a los bolsillos de la familia Pujol.
Recuerda además en el escrito la denuncia pública que hizo en 2005 en el Parlament el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, en el sentido de que el Ejecutivo de Jordi Pujol cobraba comisiones del 3%.
Añade la querella que hay indicios fundados de los negocios de Gobierno autonómico catalán con la familia directa de Jordi Pujol Soley a través de la empresa Hidroplant (fundada por Marta Ferrusola), la consultora ambiental Entorn, de la familia Pujol, el propio despacho de arquitectura de una de sus hijas, Marta Pujol Ferrusola, y de las sociedades de sus hijos Jordi, Oriol y Oleguer, que también trabajaron para la Generalitat.
En la denuncia, Manos Limpias dice que el supuesto entramado societario de Jordi Pujol, con vínculos familiares fácilmente constatables, supera las 80 sociedades y que países como Panamá, Luxemburgo, Liechtenstein, Jersey, Guernsey, Suiza y el Principado de Andorra, catalogados como paraísos fiscales, «pudieran ser el cobijo del dinero defraudado presuntamente derivado de actividades ilícitas y procedente de todos los españoles».
Añade Manos Limpias que, siendo conocedores de que hay otros procesos judiciales en los que alguno de los hijos de Jordi Pujol están implicados, y ante la existencia de presunción de un entramado societario denominado clan Pujol-Ferrusola, deben declarar en calidad de testigos sus hijos Jordi, Oleguer, Oriol y Marta Pujol Ferrusola.
También se pide que declaren en calidad de testigos los empresarios Carlos Sumarroca Coixet -supuestamente beneficiario de contratos con la Generalitat-, José Antonio Salgueró, Ignacio Sánchez y Miguel Ángel Parejo, así como María Victoria Álvarez Martín, la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, a quien denunció por blanqueo de capitales ante la Audiencia Nacional.
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