Hoy ha arrancado el juicio por el concurso de Spanair, por el que la Fiscalía pide al consejo de administración de la aerolínea 72 millones de euros, porque considera que estaba en situación de insolvencia por imposibilidad de atender regularmente sus obligaciones de pago desde el 30 de junio de 2011, pero retrasó cinco meses la solicitud de concurso, lo que agravó la situación.
Durante la declaración, el expresidente de Spanair ha dicho que la aerolínea tenía asegurada la financiación hasta diciembre de 2011, ya que la compañía pública Advançsa se había comprometido a financiar las operaciones de la compañía hasta que la compra del inversor, Qatar Airwyas, se hiciese efectiva.
Finalmente, el acuerdo no se cerró por el miedo de la compañía qatarí al daño «reputacional» que la denuncia presentada por las aerolíneas de bajo coste pusieron ante la UE por ayudas públicas, y las negociaciones con la compañía china HNA precisaban más tiempo.
El 27 de enero de 2012, la Generalitat decidió retirar el apoyo financiero a Spanair, lo que provocó el cese de actividad dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros y el 30 de enero presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros y anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.075 trabajadores.
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