La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, por los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y concurso fraudulento, dentro de la causa en la que se investiga el vaciado patrimonial de su grupo empresarial.
Asimismo pide 8 años y 9 meses para el hijo del presidente de la patronal, Gerardo Díaz Santamaría, por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento e integración en banda criminal; y otros 8 años para Ángel de Cabo, empresario al que se encargó vaciar Marsans, por estos mismos delitos más el de integración en grupo criminal.
Reclama además, para Diáz Ferrán una multa de 5 millones de euros por blanqueo de capitales y sendas sanciones de 6.000 euros por fraude en el concurso y alzamiento de bienes.
La Fiscalía pide penas más reducidas para De Cabo, que también debe hacer frente a multas de igual cuantía que Díaz Ferrán, por su colaboración con la justicia.
En el mismo sentido, Iván Losada, «mano derecha» del dueño de Viajes Marsans, se enfrenta a 4 años y 3 meses de prisión, por facilitar datos sobre créditos fiscales que podrían implicar la recuperación de 2,4 millones.
Según relata el fiscal, a partir del año 2009 Díaz Ferrán y su socio ya fallecido Gonzalo Pascual comenzaron a acumular deudas «que comprometían gravemente la viabilidad» de las compañías del grupo Marsans, lo que ocasionó que acreedores como Pullmantur, Sol Meliá, AC Hoteles, Hoteles Turísticos Unidos o Iberojet empezaran a exigir garantías adicionales de cobro a partir del año 2009.
Díaz Ferrán y Pascual avalaron con su propio patrimonio las deudas y emitieron pagarés que no fueron sufragados, lo que derivó en reclamaciones judiciales que acabaron con las declaraciones del concurso de acreedores de la compañía y de los empresarios.
La «lamentable situación patrimonial» que afectaba a la compañía y al patrimonio personal de ambos amenazaba su «altísimo nivel de vida, por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados a la mayor parte de los bienes, mediante el sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial» en perjuicio de sus acreedores.
En abril de 2010 contactaron con Angel de Cabo para que este ocultara su patrimonio, tanto personal como empresarial, mediante una cesión gratuita del mismo a cambio de que, una vez realizado el ocultamiento, recibieran 8 millones en plazos mensuales de 100.000 euros, lo que les permitiría vivir «con la misma o parecida opulencia».
Para el vaciamiento patrimonial, De Cabo actuaba poniendo a miembros de la empresa en nómina, adquiriendo vehículos de alta gama propiedad de estas sociedades, disponiendo de los inmuebles o sacando dinero de la tesorería por servicios que nunca se prestaron.
De Cabo creó un conglomerado societario para realizar las actividades antes descritas y mediante las cuales realizó en los años siguientes operaciones con sociedades del grupo Marsans destinadas a «frustrar la recuperación de los bienes» de los acreedores.
El fiscal pide penas carcelarias y multas también para otras siete personas, a las que acusa de los mismos delitos.
Se trata de la mujer de De Cabo, Consuelo Garrido -dos años y nueve meses-; su hermano, Teodoro Garrido -6 años y 3 meses-; la secretaria del empresario, Susana Mora -4 años y 9 meses- y Carmelo Estellés -6 años y 3 meses-.
El empresario que actuaba como testaferro, Antonio García Escribano, se enfrenta a 4 años y 3 meses, José Enrique Pardo a 6 años y 3 meses y el administrativo Rafael Tormo a 4 años y 9 meses.
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