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El Ministerio de Sanidad ha rechazado «diversas» recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre exenciones en el copago farmacéutico, un asunto que junto con las listas de espera constituyen los principales motivos de queja de los ciudadanos a la institución en materia sanitaria.

Así se señala en la Memoria Anual 2013, presentada ayer por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, a las Cortes, que recoge 1.854 quejas frente a las 1.756 de 2012 (un 5,58 % más), y de ellas, más del 80 % se refieren a los ámbitos de atención primaria y atención especializada.

Las reclamaciones recibidas sobre urgencias hospitalarias son menos numerosas que otros años y las actuaciones desarrolladas se limitan a saturaciones en ocasiones puntuales.

A las quejas recibidas, que se han admitido en más de un 60 %, hay que añadir once actuaciones de oficio que se han abierto al Ministerio y a las administraciones autonómicas, entre las que destacan por el número de investigaciones Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

A pesar de que el nuevo modelo de copago farmacéutico se empezó a aplicar en julio de 2012, el pasado año el Defensor del Pueblo siguió recibiendo quejas sobre este asunto, que le han llevado a formular varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad, como la exención en el pago de medicamentos a las personas con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento.

Asimismo, recomendó eximir del pago a personas con rentas mínimas o inexistentes, cualquiera que sea su situación, para evitar casos «paradigmáticos» como el de los desempleados que quedan exentos mientras reciben ayudas pero están obligados a realizar aportación económica al dejar de percibirlas aunque sigan sin empleo.
Estas recomendaciones, junto con otra dirigida a corregir la equidad en personas que optan por la tributación conjunta del IRPF, fueron rechazadas en dos ocasiones por el ministerio, que estima que el marco normativo ya tiene en cuenta el principio de equidad en el reparto de cargas de aportación del usuario.