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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que los peajes eléctricos, que cubren la parte regulada de la tarifa eléctrica, subirán un 6,5 por ciento, lo que implicará un encarecimiento del 3,2 por ciento en el recibo final de la luz en los próximos días.

Esta medida se inscribe en la reforma energética aprobada ayer por el Gobierno central, que parte de un escenario en el que la alternativa era "la quiebra del sistema" o subir la luz un 40 por ciento, y en la que el Gobierno "no se casa con nadie", indicó el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma permitirá recortar en 4.500 millones el desequilibrio estructural del sistema eléctrico y repartirá su carga sobre consumidores, Presupuestos Generales del Estado (PGE) y empresas del sector.
De los 4.500 millones, los consumidores asumirán 900 millones de euros, mientras que otros 900 irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los 2.700 millones restantes procederán de los recortes de costes del sistema, imputables a las empresas.

Como parte de la reforma, habrá un recibo de la luz "más claro" para que "todos puedan entender la factura", al tiempo que la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) pasará a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. "No cambia de concepto", aseguró Soria, pero sí permitirá la entrada de nuevos comercializadores.
La tarifa seguirá acogiendo a consumidores con menos de 10 kilovatios (kW) de potencia, mientras que la revisión de costes incluirá un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos "automáticos" en la parte de los ingresos.

EMPRESAS
En cuanto a los costes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación.

Las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial de 300 puntos, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5 por ciento. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares.

En cuanto a la retribución del transporte y la distribución, que son actividades de "bajo riesgo", la nueva retribución será del tipo del Tesoro a diez años más 200 puntos, lo que implica una "rentabilidad razonable" del 6,5 por ciento.