El Congreso aprueba revisar los derechos de los alumnos

La diputada popular Sandra Moneo defendió que se trata de una Proposición no de ley (PNL) que resume "una inquietud" constatada en los últimos años respecto a si los alumnos reciben las enseñanzas en un clima adecuado o si el profesorado tiene los instrumentos necesarios para ejercer su labor con normalidad.
Destacó que "una regulación tan importante no puede quedar al arbitrio" de cada CCAA o de los centros educativos, como ocurre ahora, sino que se debe homogeneizar al ser unas cuestiones que "afectan a todos".

Moneo, que rechazó todas las enmiendas presentadas, afirmó que el profesor "no es uno más en la clase, es la autoridad", y por ello es necesario que el estatuto docente contemple su figura como autoridad publica y que la Administración garantice su adecuada protección y asistencia jurídica.

La iniciativa popular apuesta por renovar la actual regulación de 1995 y en su texto se dice que se debe reforzar "el carácter educativo que deben tener todos los procesos y las acciones que se emprendan para prevenir, corregir o sancionar las actuaciones inadecuadas o irrespetuosas".

Desde el Grupo Izquierda Plural (GIP), Caridad García criticó al PP de preocuparse solo de la "disciplina y la mano militar de los profesores y la sanción" y de achacar a las nuevas tecnologías como los móviles el problema de convivencia en las aulas.

Los recortes en educación, especialmente en clases compensatorias y los problemas económicos y sociales actuales son para el GIP la causa de muchos de los problemas de convivencia que se pueden producir en los colegios.

Martí Barberá (CiU) aseguró que esta Proposición no de Ley supone una "invasión competencial" a Cataluña porque se niega a la educación la diversidad territorial, de capacidades o iniciativas.

Desde CiU preguntó también al Gobierno si "duda de las capacidades de la comunidad educativa que hace las normas sobre los móviles".