La amnistía fiscal parcial aprobada por el Gobierno se extenderá también al dinero en metálico, según la orden ministerial que concreta el decreto-ley de la regularización de activos ocultos y que ayer publicó el BOE.
Esta extensión de la amnistía fiscal al dinero en efectivo puede no ser legal, según señalaron a Efe expertos tributarios.
Según el texto publicado ayer por el BOE, cuando "se trate de dinero en efectivo será suficiente la manifestación de ser titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010".
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) creen que la legalidad de esta medida puede quedar en entredicho.
A su juicio, es discutible que se pueda regular una amnistía por decreto ley, pero también lo es el hecho de que el asunto del dinero en efectivo se haga mediante una orden ministerial que puede ser contraria a las normas de pruebas del Código Civil y de la Ley General Tributaria.
Según recoge el BOE, no será necesario demostrar la antigüedad de ese dinero declarado y bastará con que el contribuyente ingrese el importe correspondiente en una cuenta corriente para regularizarlo y beneficiarse así de la amnistía fiscal.
Esta declaración tributaria especial tendrá carácter reservado y deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2012.
Fuentes de IHE calificaron esta medida de "pésima idea" y han alertado del riesgo de blanqueo de capitales que puede significar.
Además, subrayaron que no sólo desincentiva el cumplimiento del pago de impuestos, sino que también lo hace con la regularización voluntaria de la situación fiscal de los contribuyentes.
Asimismo, la Organización de Inspectores también se pregunta que si en el supuesto caso de que la norma se declarara inconstitucional en qué situación se quedarían las personas que se hubieran acogido a esa amnistía, una vez que ya ha aflorado el dinero ilegal.
La IHE considera que el defraudador no merece ninguna seguridad jurídica, pero alerta de que se pueda plantear la regularización de su dinero por el temor a que finalmente la amnistía sea ilegal y él quede al descubierto.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señaló que la amnistía para el dinero en efectivo abre la puerta a seguir defraudando y también al dinero procedente de actividades delictivas.
Además, incidieron en que medidas como ésta desincentivan el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Cruzado destacó que difícilmente se cumplirá el objetivo del Gobierno de obtener 2.500 millones de euros con la amnistía fiscal, ya que los antecedentes de casos similares "no son para tirar cohetes".
Desde el punto de vista político, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, anunciótras conocerse la orden ministerial sobre la amnistía fiscal, que, además del recurso ante el Tribunal Constitucional, los socialistas acudirán a la justicia ordinaria para intentar paralizar esa medida.
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